Con el objetivo de evitar un colapso logístico y la confusión del electorado, un grupo de legisladores federales ha presentado una iniciativa para reformar la reciente reforma judicial en México. La propuesta principal es separar las elecciones de cargos judiciales de las posiciones políticas, desplazando los comicios para jueces, ministros y magistrados de junio de 2027 hacia el año 2028.

Los promoventes —entre quienes destacan los diputados Alfonso Ramírez Cuéllar y Olga Sánchez Cordero, junto con los senadores Javier Corral y Susana Harp— argumentan que empatar ambos procesos en 2027 obligaría a la ciudadanía a elegir entre miles de candidatos simultáneamente a la renovación de 500 diputados federales, 17 gubernaturas y miles de cargos locales. Esta saturación, señalan, impediría un voto informado y consciente sobre quiénes deben impartir justicia en el país.

Más allá del calendario: Certificación y experiencia

La iniciativa no solo toca el reloj electoral, sino que busca elevar el rigor técnico de los aspirantes a través de tres ejes fundamentales:

• Certificación obligatoria: Se plantea como requisito indispensable contar con una certificación de competencias vigente emitida por la Escuela Nacional de Formación Judicial. Esto busca garantizar que el voto popular no sea el único filtro, sino que existan garantías de conocimiento técnico.
• Adiós a los promedios: En un movimiento pragmático, se propone eliminar la exigencia constitucional actual de contar con promedios académicos de 8 en la licenciatura y 9 en la especialidad. La lógica es priorizar la competencia probada y la experiencia sobre la calificación numérica.
• Fortalecimiento del Órgano de Administración Judicial (OAJ): Para integrar este organismo, se exigiría una antigüedad mínima de diez años con título profesional y al menos cinco años de experiencia comprobada dentro del Poder Judicial.

Esta «reforma a la reforma» implica modificar diez artículos constitucionales (76, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 116 y 122). Con esta propuesta, el bloque legislativo busca dar un paso atrás en la logística para dar dos adelante en la operatividad del sistema, intentando que el nuevo modelo de justicia no nazca en medio de un escenario de desinformación o falta de perfiles calificados.