Este viernes 24 de abril de 2026, las comisiones de Igualdad de Género y de Procuración y Administración de Justicia del Congreso del Estado de México iniciaron formalmente el análisis de la iniciativa para crear la Ley Mariana Lima Buendía. Esta propuesta legislativa surge del activismo persistente de Irinea Buendía y cuenta con el respaldo de la bancada de Morena para reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal estatal. El objetivo primordial es tipificar la negación de justicia por razones de género y sancionar a los servidores públicos que incurran en omisiones, negligencias o actos de corrupción durante las investigaciones de muertes violentas de mujeres en la entidad.
La iniciativa propone imponer penas de cuatro a diez años de prisión, además de multas económicas y la inhabilitación inmediata del cargo para los funcionarios de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México que obstruyan la justicia. Se busca que la institución tenga la obligación expresa de investigar toda muerte de mujer bajo protocolos de perspectiva de género y debida diligencia, sin importar si el caso fue clasificado inicialmente como un suicidio o un accidente. Esta medida pretende evitar que los feminicidios sean ocultados bajo etiquetas de muertes autoinfligidas y garantizar que las autoridades actúen con la celeridad y sensibilidad que el contexto de violencia actual demanda.
Legisladores de diversas fuerzas políticas coincidieron en que la realidad del Estado de México no admite más simulaciones ante las cifras críticas de feminicidios que lo mantienen bajo el escrutinio público. La reforma no solo tiene un carácter punitivo contra los funcionarios negligentes, sino que también establece mecanismos obligatorios para asegurar la reparación integral del daño a las familias y la garantía de no repetición de estas fallas institucionales. Al atender los parámetros de la sentencia histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitida en 2015, el Congreso mexiquense intenta establecer un marco legal que castigue la ineficacia y proteja el derecho de las mujeres a una justicia verdadera.