Este jueves 23 de abril de 2026, el panorama diplomático entre México y Estados Unidos se ha tornado ríspido tras la confirmación de que eran cuatro, y no dos, los agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) involucrados en un operativo antidrogas en Chihuahua. El reporte, difundido inicialmente por Los Angeles Times, detalla que el incidente ocurrió en las escarpadas montañas que conectan a Chihuahua con Sinaloa, cuando el vehículo en el que viajaban los agentes —junto con personal de la fiscalía estatal— derrapó y cayó por un barranco tras desmantelar un laboratorio de narcóticos.

La revelación de que este no es un hecho aislado ha encendido las alarmas en Palacio Nacional. Según informes periodísticos, la CIA ha participado en al menos otras tres operaciones recientes de inteligencia y vigilancia en territorio mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum fue tajante al declarar que su administración no fue informada previamente sobre la presencia de estos agentes extranjeros, lo que sugiere una posible transgresión al marco legal que regula la actuación de personal de otros países en México. Mientras la mandataria insiste en que la cooperación debe limitarse al intercambio de información sin intervención directa, la administración de Donald Trump continúa presionando por resultados «contundentes», elevando el tono hacia una posible estrategia de acciones unilaterales.

Este suceso expone una grieta profunda en la comunicación entre el gobierno federal y las autoridades estatales, además de contradecir declaraciones previas del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien había negado la participación de agentes estadounidenses en acciones de campo. La línea entre la colaboración bilateral y la actuación encubierta se ha vuelto difusa, obligando al Gobierno de México a iniciar una investigación exhaustiva para esclarecer el alcance de estas intervenciones y proteger la soberanía nacional en un clima de creciente tensión militarista por parte de Washington.