Ayer se registró un violento enfrentamiento entre sindicatos del sector de la construcción en el kilómetro 68 de la autopista México-Puebla, específicamente en las inmediaciones de Santa Rita Tlahuapan. La disputa se originó por el control de los contratos de transporte de materiales para las obras de reencarpetamiento de esta importante vía federal. Durante la refriega, al menos dos camiones tipo góndola fueron baleados e incendiados, lo que provocó el despliegue inmediato de la Guardia Nacional para restablecer el orden y calmar el pánico entre los automovilistas que transitaban por la zona.

Testigos del incidente identificaron a integrantes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y de los sindicatos Constitución y Libertad enfrentándose contra miembros de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), organización vinculada a legisladores de Morena. Según los reportes, ambos bandos habrían reforzado sus filas con «golpeadores» provenientes de la Ciudad de México, lo que escaló la violencia en un tramo donde hace apenas unos días ya se habían registrado detonaciones de arma de fuego por el mismo conflicto.

El secretario de Gobernación de Puebla, Samuel Aguilar Pala, confirmó que el conflicto derivó de una pugna por contratos federales de acarreo de materiales. Explicó que, tras la adjudicación de las obras a una empresa específica, las organizaciones rivales reaccionaron violentamente al sentirse excluidas del negocio, incendiando un automotor en dirección a la Ciudad de México y otro hacia Puebla. A pesar de tratarse de una jurisdicción federal, el gobierno estatal intervino para controlar la situación y exhortó a los líderes sindicales a respetar los acuerdos establecidos para evitar que estos proyectos de infraestructura sigan convirtiéndose en botines de guerra.

Este episodio se suma a una serie de choques similares en obras viales recientes de la región, donde la lucha por los contratos de transporte ha dejado maquinaria quemada y enfrentamientos armados constantes. La logística y el movimiento de materiales en proyectos de modernización carretera se han vuelto el foco de disputas cada vez más agresivas por parte de agrupaciones que recurren a la violencia sistemática para monopolizar los recursos públicos destinados a la obra pública.