Las recientes acusaciones emitidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, han desatado un clima de inquietud dentro de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Ante los señalamientos de presuntos vínculos con el crimen organizado, diversos legisladores oficialistas han comenzado a cuestionar la viabilidad de iniciar un juicio de desafuero contra el mandatario estatal. Hugo Eric Flores, presidente de la Sección Instructora, confirmó que la gravedad de las imputaciones ha llevado a sus compañeros de partido a buscar asesoría técnica sobre los mecanismos legales para retirar la inmunidad constitucional al Ejecutivo sinaloense.

Sin embargo, el panorama jurídico sugiere que el proceso de desafuero para un gobernador tiene una complejidad distinta a la de otros funcionarios federales. Flores explicó que, bajo el marco constitucional actual y tras los precedentes establecidos en casos como el de Tamaulipas, la decisión final de retirar el fuero local recae en el Congreso del Estado de Sinaloa. Aunque la Cámara de Diputados federal puede emitir una declaratoria de procedencia por delitos del orden federal, el resultado debe ser comunicado a la legislatura local para que esta proceda de acuerdo con sus propias atribuciones, lo que coloca la resolución política en manos del congreso estatal.

La situación jurídica se torna diferente para otros señalados, como el senador Enrique Inzunza, en cuyo caso la Cámara de Diputados sí posee la facultad directa de proceder con el desafuero en caso de que se presente una solicitud formal por parte de la fiscalía. Mientras se define el rumbo de estas indagatorias, el impacto político dentro de Morena es notable, considerando la férrea defensa que el partido había mantenido anteriormente hacia Rocha Moya. El avance de las investigaciones internacionales y la respuesta de las autoridades mexicanas determinarán si este episodio desemboca en un juicio de procedencia histórico para el estado de Sinaloa.