Este miércoles 29 de abril de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la consolidación de un acuerdo calificado como «histórico» entre el Gobierno de México y los sectores siderúrgico y de la construcción. Bajo el marco del denominado Plan México, este pacto busca fortalecer la producción nacional de acero y blindar las cadenas de suministro internas. La estrategia central consiste en utilizar el poder de compra del Estado para reducir la dependencia de importaciones y asegurar que los grandes proyectos de infraestructura del país utilicen materiales fabricados en suelo mexicano, detonando así el crecimiento económico y la soberanía industrial.
La implementación y vigilancia de este acuerdo contará con una estructura interinstitucional de alto nivel. Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, será la responsable de supervisar que las adquisiciones gubernamentales cumplan estrictamente con la ley y privilegien al acero nacional. Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, actuará como promotor del pacto, coordinando esfuerzos con las secretarías de Hacienda e Infraestructura, así como con empresas estratégicas del Estado como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las cuales incorporarán estos insumos en sus operaciones y desarrollos.
El plan operativo se divide en tres ejes fundamentales diseñados para alinearse con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030:
- Contrataciones públicas: Coordinación institucional para asegurar acuerdos de abasto con el sector privado nacional.
- Financiamiento: Uso de la banca de desarrollo para fortalecer inversiones en infraestructura estratégica.
- Impacto en la construcción: Prioridad absoluta al acero nacional en programas masivos de vivienda y desarrollo territorial.
Finalmente, el acuerdo contempla medidas de defensa comercial para enfrentar prácticas desleales y avanzar en la sustitución de importaciones de manera competitiva. Mientras la industria se compromete a garantizar calidad, precios justos y abasto oportuno, el gobierno integrará a 19 instituciones públicas y tres cámaras empresariales en la firma oficial. Con este movimiento, la administración de Sheinbaum apuesta por una política industrial proactiva donde el Estado no solo regula, sino que actúa como el principal motor de demanda para la industrialización del país y la generación de empleos vinculados a la siderurgia.