París, 9 de enero.- El gobierno francés quedó bajo fuerte presión política y social este viernes después de que no consiguió frenar, en una votación a nivel europeo, el avance del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el bloque sudamericano Mercosur. El resultado desató críticas de adversarios y del sector agrícola, y llevó a la presentación de mociones de censura por parte de fuerzas de oposición de extremos ideológicos.

La iniciativa de censura fue impulsada por Francia Insumisa (LFI), que registró una moción desde la mañana. Por su parte, la Agrupación Nacional (RN) adelantó que también promoverá una ofensiva política, aunque orientada contra la presidencia de la Comisión Europea en Bruselas, en rechazo al curso del acuerdo.

El episodio subraya el costo interno que el Ejecutivo enfrenta por el tratado en un momento de alta tensión parlamentaria, mientras intenta sacar adelante un presupuesto de 2026 que llega con retraso y ante una Cámara particularmente confrontativa. Aunque se considera difícil que RN y LFI reúnan los votos necesarios para derribar al gobierno encabezado por el primer ministro Sébastien Lecornu, el anuncio exhibe el terreno inestable que atraviesa la administración de Emmanuel Macron a poco más de un año de la elección presidencial de 2027, en un contexto en el que el debate puede alimentar narrativas euroescépticas.

Francia votó en contra del acuerdo. Sin embargo, para que el tratado avance basta con el respaldo por mayoría calificada de los Estados miembros, lo que permite a la Comisión Europea firmarlo con Mercosur; posteriormente, el Parlamento Europeo deberá ratificarlo. En la votación de este viernes, Francia estuvo acompañada por Polonia, Hungría, Irlanda y Austria, pero ese bloque no alcanzó el umbral requerido para formar una minoría de bloqueo.

Desde la RN, Jordan Bardella calificó la postura del gobierno francés como un gesto insuficiente y acusó al presidente Macron de actuar con “pose”. Marine Le Pen, líder del mismo espacio, pidió que el Ejecutivo amenace con suspender la contribución de Francia al presupuesto de la Unión Europea como medida de presión. En la izquierda, Mathilde Panot, de LFI, sostuvo que Francia quedó “humillada” por Bruselas y reclamó la salida de Macron y Lecornu.

El primer ministro respondió que las mociones de censura envían una señal negativa al exterior justo cuando, dijo, Francia necesita persuadir a otros socios europeos, además de complicar y retrasar las discusiones presupuestarias internas. Afirmó que plantear una censura en este contexto equivale a debilitar la voz del país, en lugar de proyectar unidad para defender al sector agrícola.

El avance del acuerdo se produjo tras más de 25 años de negociaciones y, de concretarse, se convertiría en el mayor tratado de libre comercio de la Unión Europea. Sus defensores, entre ellos la Comisión Europea y gobiernos como los de Alemania y España, sostienen que el pacto ayudaría a compensar pérdidas de negocios derivadas de aranceles estadounidenses y a reducir la dependencia de China al asegurar acceso a minerales considerados estratégicos.

En el frente contrario, Francia —principal productor agrícola del bloque— y otros países críticos alertan que el tratado incrementaría la entrada de alimentos a menor costo, como carne de res, aves y azúcar, lo que presionaría a los productores locales. París aseguró haber obtenido concesiones relevantes para amortiguar el impacto en el campo, pero la resistencia interna se mantiene: aunque industrias francesas como las de vino, queso y lácteos podrían beneficiarse del acceso ampliado a mercados, los ganaderos —que representan alrededor de un tercio del sector agrícola— han logrado movilizar opinión pública en contra del acuerdo.