Este lunes 27 de abril de 2026, el Gobierno del Estado de México consolidó un paso decisivo hacia la humanización de la justicia con la inauguración de las nuevas Oficinas de Atención Multidisciplinaria a Víctimas en Nezahualcóyotl. La gobernadora Delfina Gómez Álvarez, acompañada por el alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo, encabezó la firma del convenio y la apertura del denominado Centro LIBRE, ubicado estratégicamente en el cruce de las avenidas Bordo de Xochiaca y Adolfo López Mateos. Este modelo busca romper con la frialdad burocrática al concentrar en un solo recinto servicios jurídicos, psicológicos, médicos y de trabajo social, evitando que las víctimas de delitos o violaciones a derechos humanos tengan que peregrinar por distintas dependencias para obtener ayuda.

La mandataria estatal subrayó que este proyecto no nace de la improvisación, sino del análisis profundo realizado en las Mesas de Paz, donde se detectó la urgente necesidad de recuperar la confianza ciudadana mediante un acompañamiento cálido y profesional. Durante la actual administración, se han destinado 91.7 millones de pesos al Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, lo que ha permitido cristalizar resultados tangibles: más de 308 mil servicios de acompañamiento ante el Ministerio Público y audiencias, 65 mil atenciones psicológicas y cerca de 78 mil apoyos médicos. «Detrás de cada caso hay familias que necesitan algo más que un trámite; necesitan empatía», enfatizó Gómez Álvarez.

El esquema integral del Centro LIBRE se complementa con una visión social que atiende las secuelas colaterales de la violencia a través de programas como Valentina y Canasta Alimentaria, diseñados específicamente para proteger a niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad. Al evento asistieron figuras clave del gabinete estatal, como Horacio Duarte Olivares y María Esther Rodríguez Hernández, quienes respaldaron la importancia de este modelo interinstitucional coordinado por la CEAVEM y la Consejería Jurídica. Con esta infraestructura, el Estado de México apuesta por una estrategia donde la denuncia se convierta en una herramienta real de justicia y no en una carga adicional para quienes ya han sido vulnerados.