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Jaime Bonilla vinculado a proceso: El primer exgobernador de Morena ante la justicia por corrupción

Un juez de Baja California vinculó a proceso al exgobernador Jaime Bonilla por presunto abuso de autoridad y desvío de recursos en el caso Next Energy, otorgando un plazo de seis meses para la investigación complementaria tras una audiencia que duró casi 24 horas.

La justicia de Baja California ha marcado un precedente este miércoles 25 de marzo de 2026, al vincular a proceso al exgobernador Jaime Bonilla Valdez. El político, quien fuera una de las figuras más cercanas al fundar Morena en el norte y que hoy lidera el Partido del Trabajo (PT) en la entidad, es acusado de delitos de abuso de autoridad, desvío de recursos y uso ilícito de facultades. El caso se centra en el contrato otorgado a la empresa Next Energy para la construcción de una planta de energía fotovoltaica que nunca se materializó, pero que comprometía las finanzas estatales por 4,500 millones de pesos a 30 años.

«No veo sorpresas, sabíamos que nos iban a vincular… Nada más para que aprendan, no se anden peleando con la gobernadora», declaró Bonilla al salir de una audiencia maratónica de casi 24 horas.

La Fiscalía estatal sostiene que, a pesar de no contar con los permisos federales mínimos para la obra, el gobierno de Bonilla autorizó un pago inicial de 123 millones de pesos. Aunque la actual administración de Marina del Pilar Ávila logró recuperar dicho monto recientemente, el proceso penal sigue su curso contra el exmandatario y varios de sus excolaboradores. Cabe destacar que Bonilla había evitado los citatorios judiciales durante años gracias a su fuero como senador; sin embargo, tras perder la protección legislativa en 2024 y ante una orden de presentación forzosa, finalmente tuvo que comparecer ante el juez.

Este proceso no solo es un asunto de cuentas públicas, sino el clímax de una fractura política profunda en el oficialismo bajacaliforniano. Bonilla, recordado también por su intento inconstitucional de extender su mandato de dos a cinco años (la famosa «Ley Bonilla»), ha mantenido una guerra de declaraciones contra Ávila, acusándola incluso de nexos con el crimen organizado desde la tribuna del Senado. Ahora, con un plazo de seis meses para el cierre de la investigación, el exempresario de medios enfrenta el escenario legal más complejo de su carrera, convirtiéndose en el primer exgobernador surgido de las filas de Morena en ser procesado abiertamente por corrupción bajo una administración de su mismo movimiento original.

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