Este martes 14 de abril de 2026, el pleno de la Cámara de Diputados emitió formalmente la declaratoria de constitucionalidad de la Reforma Electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, conocida popularmente como el «Plan B». Este anuncio se produjo tras alcanzar el respaldo necesario de diecinueve congresos locales, consolidando así el proceso de reforma constitucional. Durante las últimas jornadas, estados como Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Guerrero, San Luis Potosí, Yucatán, Baja California, Campeche, Hidalgo y Colima sesionaron de manera extraordinaria para otorgar su aval, sumándose a las aprobaciones previas de Sinaloa, Puebla, Sonora, Baja California Sur, Ciudad de México, Tlaxcala, Veracruz y el Estado de México.
El eje central de esta modificación legislativa establece límites rigurosos a las percepciones económicas de los altos mandos en los órganos electorales del país. Con la nueva normativa, las remuneraciones de consejeros y magistrados no podrán superar bajo ninguna circunstancia el salario de la titular del Poder Ejecutivo Federal, cumpliendo con las disposiciones de austeridad que la administración actual ha promovido como norma constitucional. Una vez ratificada la validez por la mayoría de las legislaturas estatales y emitida la declaratoria en San Lázaro, el documento fue remitido a la Cámara de Senadores para que continúe con los efectos constitucionales correspondientes previo a su publicación oficial.