15 de abril de 2026, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, envió a la Legislatura local una ambiciosa iniciativa de reforma destinada a fortalecer la Ley de Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos. La propuesta, estructurada por la Consejería Jurídica a través del Mecanismo de Protección Integral, busca saldar una deuda histórica con el gremio periodístico al proponer un modelo de protección con un enfoque marcadamente social, preventivo y humano. Este proyecto es el resultado de diversos foros de diálogo con integrantes de la sociedad civil y organizaciones de comunicadores, quienes expusieron la necesidad de contar con condiciones laborales más seguras, dignas y justas en el territorio mexiquense.

Uno de los puntos más relevantes de la iniciativa es la garantía de acceso a servicios de salud para los comunicadores que operan bajo un esquema independiente. La gobernadora plantea la integración de este sector a sistemas como el IMSS-Bienestar, atendiendo así la vulnerabilidad de quienes carecen de seguridad social por la naturaleza de su labor. Además de la salud, el proyecto impulsa la profesionalización continua mediante el otorgamiento de becas educativas tanto para los periodistas como para sus familias directas, reconociendo que la libertad de expresión se fortalece a través de la formación constante. En situaciones críticas, la reforma también contempla apoyos para gastos funerarios cuando el fallecimiento esté vinculado a los riesgos inherentes de la actividad informativa.

La seguridad operativa es otro eje fundamental de la propuesta, la cual sugiere el uso de instrumentos de identificación voluntaria para facilitar la labor de los reporteros en campo y mejorar su seguridad frente a posibles agresiones. Asimismo, la iniciativa incorpora un enfoque diferenciado y de interseccionalidad para atender prioritariamente a periodistas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad, tales como integrantes de pueblos indígenas, comunidades afromexicanas, migrantes y personas de la diversidad sexual. Para asegurar que estas medidas se implementen con pertinencia territorial, se propone fortalecer el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección, buscando que su integración sea paritaria, representativa y con una participación regional activa que recoja las vivencias reales de cada zona del estado.

Con esta acción, el Gobierno del Estado de México pretende consolidar un marco legal que no solo proteja la integridad física de quienes ejercen el periodismo, sino que también promueva su estabilidad social y profesional. Al fortalecer el acceso a la información y el ejercicio libre de la expresión, la administración de Delfina Gómez busca robustecer la vida democrática en la entidad, garantizando que el periodismo pueda realizarse sin miedos ni precariedades. La iniciativa ahora queda en manos de las y los diputados locales para su análisis y eventual aprobación en el pleno mexiquense.