14 de abril de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que el Gobierno Federal implementará ajustes adicionales al gasto público para absorber el costo del subsidio otorgado a las gasolinas y el diésel, el cual asciende a 5,000 millones de pesos. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria aseguró que estos recortes se aplicarán exclusivamente a la estructura operativa de la administración, bajo una política de «austeridad máxima», con el fin de no tocar un solo peso destinado a los programas sociales, salud o educación.
Sheinbaum precisó que, aunque el estímulo al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) representa una cifra bruta de 5,000 millones de pesos, el impacto real en las finanzas públicas se estima en alrededor de 2,500 millones de pesos. Esto se debe a que los ingresos federales se ven compensados por el aumento en el valor de las exportaciones petroleras y el impuesto que Petróleos Mexicanos (Pemex) paga al erario, correspondiente al 30 por ciento de su producción.
Prioridad: Control inflacionario y bienestar social
Al ser cuestionada sobre la viabilidad de mantener este apoyo, la titular del Ejecutivo fue enfática en que la medida es necesaria para proteger la economía de las familias mexicanas.
“Lo tenemos que mantener, y eso significa más austeridad, porque tenemos que garantizar los programas del bienestar, el apoyo a educación, salud, vivienda e inversión. Nos apretamos al máximo para que no haya inflación, porque la inflación afecta mucho a los que menos tienen”, puntualizó.
La presidenta adelantó que su equipo realiza revisiones semanales de los ingresos y egresos para ajustar las proyecciones hacia el cierre de 2026. En este sentido, reiteró que la meta es reducir los costos operativos del gobierno «al estilo franciscano» sin degradar los servicios públicos. Asimismo, vinculó esta estrategia con el desarrollo de los Polos de Bienestar, los cuales buscan atraer inversión y garantizar el crecimiento económico planteado para este año.
Por otro lado, analistas de la firma Skandia advirtieron en el reporte «Mercado petrolero se enciende por chispa geopolítica» que, si bien estos estímulos protegen el bolsillo del consumidor ante la volatilidad internacional, representan un desafío creciente para las finanzas públicas. Según el análisis, el gobierno está absorbiendo gran parte del incremento de los precios internacionales, lo que reduce los ingresos fiscales que normalmente se obtendrían por la venta de combustibles, obligando al Estado a mantener una disciplina presupuestaria extremadamente rígida durante el resto del año.