Este 29 de abril de 2026 entró oficialmente en vigor la nueva Ley de Salud del Estado de México, un marco normativo histórico que sustituye al Libro Segundo del Código Administrativo tras más de dos décadas de rezago. Esta legislación otorga un plazo de 180 días hábiles, que concluirá en enero de 2027, para que la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y la Secretaría de Salud estatal emitan los reglamentos necesarios y pongan en marcha los nuevos órganos colegiados que coordinarán los servicios públicos, sociales y privados en la entidad.
Entre los cambios más profundos destaca la creación del Sistema Estatal de Salud y un Secretariado Técnico de Vigilancia Epidemiológica para responder con agilidad ante futuras emergencias sanitarias. Asimismo, la ley pone especial énfasis en la supervisión de los centros de rehabilitación de adicciones para prevenir violaciones a los derechos humanos y establece criterios estrictos para los procedimientos de reproducción asistida. También se crea el Sistema Estatal de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, que integrará a diversas instituciones como el IMSS-Bienestar, la Sedena y la Fiscalía local.
Una de las disposiciones de cumplimiento inmediato es la gratuidad total en los traslados de urgencias médicas. A partir de ahora, ninguna institución pública o privada podrá exigir pagos o donaciones en especie por servicios de ambulancia en situaciones críticas. Además, la normativa implementa once «Códigos de Emergencia», entre ellos el Código Infarto, el Código Mater-Oro para embarazos de riesgo y el Código Naranja para atender violencia sexual en menores de 15 años, lo que requerirá una capacitación masiva de todo el personal de salud.
Finalmente, la ley exige una transformación administrativa en los 125 ayuntamientos mexiquenses. Los municipios deberán actualizar sus bandos de policía y gobierno para asumir nuevas responsabilidades en la prevención y atención de la salud mental y las adicciones. Con esta armonización, el Estado de México busca descentralizar la atención primaria y garantizar que las comunidades cuenten con espacios de salud municipal fortalecidos y alineados con los estándares de ciencia y derechos humanos actuales.