Un colectivo integrado por 26 residentes de las inmediaciones de los parques Juárez, Ecológico y el cerro de Amalucan, respaldado por cuatro asociaciones civiles, interpuso un juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación con el objetivo de frenar la construcción del sistema Cablebús en la capital poblana. Los demandantes fundamentan su recurso en la presunta vulneración a los derechos de acceso a la información, a una consulta pública previa y a un medio ambiente sano.

Representantes de organizaciones como el Nodo de Derechos Humanos (Nodho) y Redes por la Diversidad señalaron que, si bien no se busca la cancelación definitiva de la obra, es indispensable que la administración estatal transparente los estudios técnicos. La controversia se centra en la reserva por cinco años de los dictámenes de impacto ambiental y en la incertidumbre sobre la ubicación definitiva de las torres que sostendrán el sistema de transporte por cable.

En respuesta a estas inquietudes, el gobierno de Puebla ha informado que el proyecto se encuentra en una fase de ajuste técnico para minimizar la intervención en las zonas forestales. De acuerdo con cifras de la coordinación de gabinete, el número de árboles que requerirían reubicación o poda ha disminuido de una proyección inicial superior a los 700 ejemplares a una cifra estimada entre 116 y 160 unidades. Las autoridades defienden la viabilidad de la obra, valuada en 6.7 mil millones de pesos, destacando que tendrá capacidad para movilizar a 90 mil pasajeros diarios mediante un sistema de energía limpia.

El amparo también cuestiona la discrecionalidad en la toma de decisiones sobre este megaproyecto, subrayando que las áreas verdes en la ciudad son reducidas y que el crecimiento urbano ha sido históricamente desordenado. Por su parte, el Ejecutivo estatal ha manifestado su apertura al diálogo, aunque enfatiza que la construcción del Cablebús es una prioridad de movilidad sustentable que se sustenta en criterios científicos. Se espera que en los próximos días las autoridades competentes y el consorcio encargado de la obra definan los alcances finales de las medidas de mitigación ambiental solicitadas por los inconformes.