El Senado de la República recibió de manera formal la iniciativa que plantea reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, con lo que se abre un nuevo proceso legislativo en materia de trabajo en el país. La propuesta busca modificar el Artículo 123, Apartado A, de la Constitución Política, con el objetivo de fortalecer condiciones laborales consideradas más equilibradas y en sintonía con estándares internacionales en derechos humanos y laborales.
En relación con la forma en que se aplicaría el cambio, el Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, presentó el 3 de diciembre un esquema de implementación gradual. La intención, según lo expuesto, es que empresas y sectores productivos cuenten con margen para ajustarse sin alteraciones abruptas en su operación y con una transición ordenada al nuevo modelo de horario.
El calendario propuesto contempla una disminución escalonada: en 2027 la jornada máxima sería de 46 horas; en 2028 bajaría a 44; en 2029 se ajustaría a 42, y en 2030 se alcanzaría el objetivo de 40 horas semanales. Con ello, el cambio se completaría en todo el territorio nacional conforme avance el proceso de ajuste legislativo y operativo.
Tanto la Presidencia como la Secretaría del Trabajo han señalado que la reducción del tiempo laboral no implicaría afectaciones a salarios, sueldos ni prestaciones de las personas trabajadoras.
El debate sobre este tipo de reforma no es nuevo. La discusión sobre disminuir la jornada se mantiene en la agenda pública desde hace al menos una década y cobró mayor relevancia en años recientes por comparaciones internacionales y por el aumento del estrés y desgaste profesional. En ese contexto, se ha señalado que México se encuentra entre los países de la OCDE con más horas trabajadas al año, mientras que los niveles de productividad se mantienen por debajo del promedio.
La iniciativa también se enmarca en recomendaciones de organismos internacionales que han sugerido ajustar las jornadas no solo por motivos de equidad, sino por consideraciones vinculadas a la salud pública. Entre los objetivos señalados están mejorar el bienestar físico y mental de las personas trabajadoras, favorecer un mejor balance familiar y social, y elevar la productividad general al reducir la fatiga asociada a jornadas prolongadas.