El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, anunció este lunes que su administración entrará en moratoria de pagos por la deuda vinculada a la construcción del Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis, cuyo pasivo total proyectado asciende a 7 mil millones de pesos. La obra, impulsada en un gobierno panista, fue calificada por el mandatario como un ejemplo de endeudamiento excesivo heredado a la actual administración.

En su conferencia de prensa, Armenta afirmó que dejará de pagar en los términos actuales y sostuvo que está dispuesto a asumir las consecuencias de esa decisión. Consideró que el esquema financiero del CIS es “inmoral” y “incorrecto” frente a lo que, dijo, es el valor real del inmueble, que estimó en no más de mil 500 millones de pesos, incluso bajo una valoración generosa. Según sus cifras, el costo total a liquidar hacia 2037 es de 7 mil millones de pesos, muy por encima del valor del edificio.

El gobernador precisó que, desde 2012 —cuando se construyó el CIS durante el sexenio de Rafael Moreno Valle— y hasta diciembre de 2025, el estado ha erogado alrededor de 2 mil 617 millones de pesos para cubrir la deuda. El saldo por pagar, añadió, ronda los 4 mil 300 millones de pesos. Aseguró que la secretaria de Gobernación federal, Rosa Icela Rodríguez, está informada del tema, tras su visita a Puebla como invitada especial a su primer informe de gobierno.

Armenta responsabilizó a las administraciones del PAN y al “viejo régimen” de haber comprometido las finanzas públicas con este esquema, al que se refirió como un “saqueo” al erario. Cuestionó la “calidad moral” de quienes, señaló, participaron en estas decisiones y ahora critican presuntos actos de corrupción.

Como parte de las acciones que prevé emprender, el mandatario anunció que acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para solicitar una revisión de los 4 mil 300 millones de pesos que aún se deben por el CIS de Angelópolis. Aseguró que su postura no busca amenazar a nadie, sino asumir una responsabilidad con la ciudadanía, y explicó que primero intentará negociar con los inversionistas para alcanzar un acuerdo que permita finiquitar la deuda en condiciones distintas.

En ese contexto, llamó a los empresarios involucrados a reconsiderar y sentarse a dialogar sobre un nuevo esquema de pago, al insistir en que el CIS se ha convertido en “otro monumento a la corrupción”.

El gobernador también informó que se han identificado nueve contratos de “obras inexistentes” por los que el estado está obligado a pagar, derivados de resoluciones de instancias federales durante el llamado periodo neoliberal. Adelantó que en los próximos días dará a conocer el listado de empresas beneficiadas por estos fallos judiciales.

Armenta sostuvo que, durante dos décadas, hubo complicidades entre jueces, magistrados y autoridades para sancionar al gobierno estatal con cargos relacionados con proyectos que no se ejecutaron. Subrayó que su administración “no es tapadera ni cómplice de nadie” y advirtió que se procederá legalmente contra exfuncionarios y servidores públicos en funciones que hayan intervenido en la firma o validación de esos contratos.