Una propuesta de reforma al Código Penal de Puebla será analizada en el Congreso local con el objetivo de sancionar con penas de hasta 20 años de prisión a quienes recluten a menores de edad para cometer delitos. El proyecto contempla castigar a quienes, mediante coacción, engaños o mecanismos de convencimiento, incorporen a niñas, niños o adolescentes a actividades delictivas.

La iniciativa fue presentada por la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Beatriz Manrique Guevara, quien argumenta que actualmente existe un vacío normativo para sancionar de forma específica esta conducta. La legisladora sostiene que el foco de la responsabilidad debe colocarse en los reclutadores, mientras que los menores que terminan involucrados en el crimen organizado deben ser reconocidos como víctimas de los grupos delictivos. En ese sentido, pidió que se refuercen las acciones de protección y se impulsen esquemas de reintegración social para ellos.

En términos concretos, la propuesta plantea incorporar el artículo 186 nonies al Código Penal del estado para tipificar el delito de reclutamiento forzado de menores. El texto establece que las personas responsables podrían recibir de 10 a 20 años de prisión, además de multas que van de 500 a mil 500 Unidades de Medida de Actualización (UMA), lo que actualmente equivale a montos de entre 56 mil 570 y 169 mil 710 pesos.

Manrique Guevara subrayó que, si bien la legislación penal contempla la figura de corrupción de menores, no existe un tipo penal que sancione de manera clara el reclutamiento mediante amenazas, engaños o formas de presión. Afirmó que la situación en la entidad es preocupante porque bandas delictivas utilizan a los menores como si fueran “descartables”, incorporándolos a tareas de alto riesgo.

La diputada remarcó que la reforma no se dirige a penalizar a los adolescentes que participan en actividades ilícitas bajo estas circunstancias, sino a garantizar su reconocimiento como víctimas, ya sea porque fueron “corrompidos” o porque fueron sacados de sus hogares para integrarlos a grupos criminales. Recordó que, a nivel nacional, se calcula que alrededor de 33 mil menores están imputados por diversos delitos y advirtió que, de continuar la tendencia, la proporción podría llegar a representar hasta cuatro de cada diez personas procesadas.

Actualmente, la iniciativa se encuentra en la Comisión de Seguridad del Congreso de Puebla, donde se revisará su viabilidad jurídica y técnica. Si el dictamen resulta favorable, la propuesta será turnada al pleno para su discusión y eventual votación por parte de las y los 41 diputados que integran el Poder Legislativo estatal.