El Pleno de la Cámara de Senadores aprobó, con 85 votos a favor y 42 en contra, la reforma constitucional que establece una nueva causal de nulidad de elecciones en caso de presentarse intervención o injerencia extranjera. Al alcanzar la mayoría calificada requerida, el proyecto que adiciona un inciso a la base VI del artículo 41 de la Constitución Política fue avalado en sus términos, luego de que el bloque oficialista desechara todas las reservas y propuestas de modificación presentadas por los senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.
El dictamen subraya que, si bien el marco legal vigente ya castiga el exceso de gastos de campaña, la adquisición indebida de cobertura en medios y el uso de recursos ilícitos, no contemplaba de manera expresa la intromisión foránea. Los promotores de la iniciativa justificaron que esta actualización es necesaria, ya que las nuevas formas de intervención operan a través de mecanismos modernos y complejos, tales como la manipulación digital, el financiamiento opaco, los ciberataques y las campañas coordinadas de desinformación.
Durante el debate legislativo, legisladores de Morena y sus aliados defendieron la pertinencia del proyecto. Óscar Cantón Zetina y Manuel Huerta Ladrón de Guevara aseguraron que la medida busca garantizar que las decisiones electorales en México sean tomadas exclusivamente por el pueblo, libres de presiones y dinero externo. Asimismo, aclararon que la nulidad no será automática, pues los tribunales deberán acreditar de forma objetiva la existencia, la gravedad, el dolo y el impacto determinante de dicha injerencia en los resultados.
Por el contrario, el bloque opositor calificó la reforma de riesgosa y poco clara. La panista Guadalupe Murguía y la priista Mely Romero argumentaron que la nueva causal es sumamente ambigua, lo que la vuelve peligrosa al quedar sujeta a interpretaciones discrecionales que podrían ser manipuladas para anular procesos electorales a conveniencia. En este mismo sentido, Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, reconoció que la desinformación internacional es un problema real, pero advirtió que la redacción aprobada impone un estándar de prueba imposible de cumplir y abre la puerta para invalidar comicios sin lograr identificar a los verdaderos responsables.
Una vez que el dictamen fue aprobado en lo general y en lo particular por la Asamblea senatorial, el documento fue remitido a los congresos de las distintas entidades federativas para continuar con el proceso de validación estipulado en el artículo 135 constitucional.