En una sesión que puso a prueba la cohesión de la alianza oficialista, la Cámara de Senadores aprobó este jueves 26 de marzo de 2026 el dictamen de reforma constitucional en materia electoral, conocido como el «Plan B». Con una votación de 87 votos a favor y 41 en contra, el bloque de Morena y sus aliados alcanzó la mayoría calificada necesaria para modificar la Carta Magna. Sin embargo, el proyecto original sufrió una modificación sustancial de último minuto: la senadora Lizeth Sánchez García, del PT, presentó una reserva para suprimir los cambios al artículo 35, logrando que la revocación de mandato permanezca en sus términos vigentes y no se empate con los comicios federales de 2027, evitando así lo que la legisladora llamó una «distorsión del sentido democrático».

A pesar de este ajuste, el núcleo de la reforma de austeridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum se mantuvo intacto. Entre los puntos más destacados aprobados por el Pleno se encuentran:

• Tope salarial electoral: Ningún consejero del INE, magistrado o titular de organismos públicos locales podrá percibir una remuneración mayor a la de la persona titular del Ejecutivo Federal.
• Austeridad en el Senado: Se estableció un ajuste progresivo para que, en un plazo de cuatro años, el presupuesto anual del Senado de la República se reduzca en un 15% acumulado.
• Control en estados y municipios: Los presupuestos de las legislaturas locales no podrán exceder el 0.70% del presupuesto de egresos de su respectiva entidad. Además, los ayuntamientos ahora tendrán un límite máximo de 15 regidurías y una sindicatura, buscando estructuras municipales más eficientes.

La discusión estuvo marcada por duros choques ideológicos. Mientras Morena defendió la reforma como una herramienta para devolver la soberanía al pueblo y eliminar privilegios, la oposición lanzó fuertes críticas. El PAN acusó al gobierno de intentar «vulnerar el federalismo» al centralizar la integración de los cabildos desde la capital, mientras que el PRI señaló que la medida busca control político más que una verdadera austeridad. Por su parte, Movimiento Ciudadano rechazó el dictamen al considerar que institucionaliza la inequidad en favor del partido en el poder. Tras el aval en la Cámara Alta, el documento ha sido remitido a la Cámara de Diputados para su revisión y eventual ratificación.