El fracaso del Plan A no trajo reflexión ni mesura. Lo que vino después es una revancha política con una lógica clara de control. Lo que el oficialismo presenta como una reforma para la eficiencia es, en realidad, un Plan M, de mañoso, diseñado para reducir contrapesos, centralizar decisiones y ampliar la ventaja de quien hoy gobierna, advirtió la senadora Cristina Ruiz Sandoval.
La presidenta del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México sostuvo que el argumento de la austeridad no se sostiene en los hechos. La propuesta no contempla un solo recorte al Gobierno Federal y mantiene intacto el gasto central, mientras introduce medidas que afectan el equilibrio institucional.
Entre los puntos más delicados se encuentra la modificación a la revocación de mandato. Se adelanta y se coloca en tiempos electorales, lo que abre la puerta a la participación directa de quien gobierna en el proceso. A esto se suma la reducción de la veda electoral de 90 a 60 días, ampliando el margen de influencia política previo a las elecciones.
En materia electoral, el planteamiento de topes salariales impacta directamente en la capacidad técnica del INE, de los organismos públicos locales electorales y de los tribunales, sin que exista una revisión equivalente en otras estructuras de gobierno.
En el ámbito municipal, la propuesta de fijar entre 7 y 15 regidores en todos los ayuntamientos desconoce la diversidad del país. “No es lo mismo gobernar Ecatepec, con más de 1.6 millones de habitantes, que un municipio con menos de 5 mil”, señaló.
Recordó que esta medida ya fue aplicada en el Estado de México en 2021. En ese proceso se eliminaron 407 regidurías y 9 sindicaturas. En Ecatepec, la reducción incrementó el control del bloque oficialista del 63% al 75%, reduciendo la presencia de la oposición.
“Morena no elimina privilegios; elimina a quienes le incomodan. Menos regidores significa menos representación, menos supervisión de obra y menos rendición de cuentas”, afirmó.
Sobre los congresos locales, indicó que el tope del 0.70% del presupuesto estatal no representa un ajuste real. Entidades como el Estado de México (0.48%) y la Ciudad de México (0.60%) ya operan por debajo de ese límite, por lo que la medida no genera ahorro, pero sí limita la capacidad de fiscalización.
Cristina Ruiz advirtió que, en conjunto, estas modificaciones reducen la representación, presionan a los congresos, alteran las condiciones de competencia y debilitan a las autoridades electorales.
“El país necesita reglas claras, instituciones fuertes y gobiernos que den resultados, no cambios diseñados para concentrar el poder”, concluyó.