Pobladores del municipio de Santo Domingo Petapa, ubicado en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, denunciaron públicamente al presidente municipal, Aldo Enrique Cruz Domínguez, por ordenar la tala de los árboles del centro de la localidad. El objetivo de esta polémica acción es despejar la zona para construir techos de lámina destinados a albergar supuestos espacios deportivos.
A través de diversos videos difundidos en redes sociales, se observa cómo los ciudadanos rodearon los troncos para intentar protegerlos minutos antes de ser derribados. Sin embargo, en las grabaciones quedó documentado el momento en que un trabajador del ayuntamiento respondió a las protestas pacíficas mostrando y encendiendo una motosierra a modo de intimidación contra los manifestantes.
Los habitantes expresaron su profunda indignación y calificaron el hecho como una barbarie, especialmente debido a que la región enfrenta una temporada de calor extremo con temperaturas que alcanzan los 40 grados. Los quejosos señalaron que los árboles proporcionaban la única sombra y frescura del lugar, y acusaron que el proyecto es un capricho del alcalde para aparentar la realización de obras sociales, consumando en realidad un ecocidio para el cual no existió ninguna consulta ciudadana.
Además, los vecinos lamentaron las constantes burlas y la criminalización por parte del personal del ayuntamiento, quienes los acusan injustamente de oponerse al desarrollo. Los pobladores aclararon que no están en contra del fomento al deporte, sino de la destrucción del patrimonio natural para sustituirlo por estructuras de lámina, por lo que exigieron a las instancias federales sancionar de manera ejemplar al presidente municipal y a todo su cabildo.
A pesar de las severas inconformidades ciudadanas, los trabajos de la obra continúan avanzando con normalidad. La maquinaria pesada ya ha removido la vegetación y la tierra para dar paso a la pavimentación, bajo el argumento oficial de que se trata de una exigencia de los deportistas locales. Cabe recordar que la deforestación sin la debida autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales constituye un delito federal en México, debido a sus graves consecuencias climáticas y la pérdida de hábitats naturales.