El general en retiro y exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, se declaró no culpable de los cargos federales que enfrenta en Estados Unidos durante una audiencia celebrada este viernes 15 de mayo de 2026. El exfuncionario, quien fue arrestado el pasado 11 de mayo en el estado de Arizona y posteriormente trasladado a una corte en Brooklyn, Nueva York, compareció por la tarde ante la jueza magistrada Sarah Netburn para escuchar la acusación de manera formal.
Mérida Sánchez enfrenta acusaciones graves que incluyen conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer dicho armamento de alto poder. De acuerdo con los documentos judiciales de las autoridades estadounidenses, el exjefe de la seguridad sinaloense es señalado en la misma carpeta de investigación que involucra directamente al gobernador con licencia de esa entidad, Rubén Rocha Moya.
Las investigaciones del Departamento de Justicia señalan que el general en retiro presuntamente aceptó sobornos mensuales en efectivo que superaban los 100 mil dólares por parte de la facción de «Los Chapitos», liderada por los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán, durante los años 2023 y 2024. A cambio de estos pagos ilícitos, el entonces secretario de Seguridad brindaba protección institucional al grupo delictivo, evitando el arresto de sus integrantes y proporcionando avisos anticipados sobre operativos policiales, lo que les permitió evacuar al menos diez laboratorios de drogas antes de ser cateados.
A pesar de haberse declarado no culpable en la comparecencia de hoy, reportes periodísticos indican que Gerardo Mérida Sánchez ya fue aceptado formalmente por las autoridades norteamericanas como testigo cooperante y potencialmente bajo el programa de testigos protegidos. Fuentes consultadas dentro del Departamento de Justicia revelaron que el exfuncionario ya entregó una cantidad significativa de información inicial a los fiscales con el objetivo de obtener beneficios procesales, lo que podría comprometer a más actores políticos de la región.