Un tribunal de comercio de los Estados Unidos asestó un nuevo golpe a la estrategia arancelaria del presidente Donald Trump al dictaminar que sus recientes derechos globales temporales del diez por ciento no están justificados bajo una ley comercial de mil novecientos setenta. Sin embargo, la decisión del Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos bloqueó los gravámenes únicamente para dos importadores privados y el estado de Washington. La resolución dividida de dos a uno deja los aranceles vigentes para todos los demás importadores mientras se resuelve cualquier apelación de la administración Trump antes de que los impuestos expiren el próximo julio.
El tribunal determinó que la imposición de aranceles bajo la Sección ciento veintidós de la Ley de Comercio de mil novecientos setenta y cuatro fue desacertada. Esta decisión representa un contratiempo importante para las ambiciones arancelarias globales de Trump y ocurre justo una semana antes de su reunión programada con el presidente chino Xi Jinping en Pekín para discutir las tensiones comerciales. Además, el fallo prepara el escenario para otra batalla legal prolongada por reembolsos multimillonarios apenas tres meses después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos anulara los aranceles globales de Trump impuestos bajo una ley de emergencias nacionales.
El tribunal con sede en Nueva York rechazó emitir una orden judicial universal que bloqueara los aranceles para todos los importadores tras desestimar la solicitud de un grupo de veinticuatro estados liderados mayoritariamente por demócratas. Los jueces argumentaron que dichos estados no tenían legitimidad para pedir ese alivio al no ser importadores directos que pagaran dichos impuestos. La única excepción fue el estado de Washington, el cual presentó pruebas de haber realizado pagos arancelarios a través de la Universidad de Washington, una institución de investigación pública.
Las empresas Basic Fun! y el importador de especias Burlap y Barrel argumentaron con éxito que los nuevos aranceles eran un intento de evadir la decisión previa de la Corte Suprema que anuló los gravámenes de dos mil veinticinco. Tras ese fallo, Trump recurrió a la Sección ciento veintidós, que permite aranceles de hasta el quince por ciento para corregir déficits graves en la balanza de pagos o evitar una depreciación inminente del dólar. No obstante, el tribunal dictaminó que la ley no era un paso apropiado para los tipos de déficits comerciales que la Casa Blanca citó en su orden de febrero.
Aunque economistas y expertos internacionales han cuestionado la premisa de una crisis en la balanza de pagos de los Estados Unidos, el gobierno ha defendido la medida citando un déficit comercial de bienes de uno punto dos billones de dólares. Expertos legales sugieren que la administración apelará la decisión y continuará recaudando la mayoría de los aranceles hasta el veinticuatro de julio, fecha en la que probablemente entrarán en vigor aranceles permanentes bajo la Sección trescientos uno. Por el momento, los reembolsos para otros importadores que no forman parte de la demanda original no serán posibles hasta que los tribunales de apelación se pronuncien sobre el caso.