Este viernes 24 de abril de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto del Plan B de reforma electoral, una medida que busca eliminar los privilegios y gastos excesivos en la administración pública. La reforma modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución para establecer límites estrictos a las remuneraciones de los altos mandos del Instituto Nacional Electoral y de los tribunales electorales. A partir de hoy, ningún consejero, magistrado o titular de área ejecutiva podrá percibir un salario mayor al asignado al titular del Poder Ejecutivo Federal, consolidando una política de austeridad institucional que había sido centro de debate en las últimas legislaturas.
Además de los topes salariales, la nueva ley impone restricciones estructurales a los gobiernos municipales y estatales para optimizar el uso de los recursos públicos. Los ayuntamientos de todo el país no podrán exceder un límite de quince regidores por cabildo, con el fin de destinar esos ahorros administrativos a servicios directos para la ciudadanía y fortalecer la racionalidad administrativa. En el ámbito legislativo, se ha fijado un tope presupuestario máximo del 0.70 por ciento para los congresos de las entidades federativas respecto al presupuesto total de su estado. El decreto también contempla una reducción progresiva del presupuesto del Senado de la República, buscando una mayor responsabilidad en el ejercicio del gasto federal y local.
Esta declaratoria constitucional fue posible tras el aval del Congreso de la Unión y de diecinueve legislaturas locales, entrando en vigor de manera inmediata tras su publicación vespertina. El gobierno federal sostiene que estos cambios no vulneran la autonomía de los órganos autónomos, sino que refuerzan su legitimidad al alinearlos con la realidad económica de la población mexicana. Con la implementación de estas medidas, se espera una reconfiguración administrativa profunda en los estados y municipios, donde el control del gasto operativo será prioritario para el cumplimiento de los nuevos marcos legales establecidos en la Constitución.