En un giro inesperado para la justicia transnacional, un juez federal en Houston, Texas, ordenó este martes 14 de abril de 2026 la liberación inmediata del empresario mexicano Alexandro Rovirosa. A pesar de haber sido declarado culpable el pasado diciembre de conspiración y prácticas corruptas en el extranjero, el proceso fue cancelado debido a un error fundamental en la presentación de las pruebas: la traducción del español al inglés de los mensajes comprometedores y la ausencia de los traductores en el estrado.
El magistrado emitió un memorándum de absolución explicando que el Gobierno estadounidense incurrió en una falta constitucional al no llamar a los traductores como testigos. Según la resolución, cuando la interpretación de una lengua extranjera es esencial para probar un delito, la defensa tiene el derecho de contrainterrogar a quienes realizaron dicha traducción. Al privar a Rovirosa de esta oportunidad, se violó la Cláusula de Confrontación de la Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, dejando las pruebas principales sin sustento legal suficiente para mantener la condena.
Los mensajes en disputa detallaban una red de sobornos por aproximadamente 150,000 dólares destinados a tres directivos de Petróleos Mexicanos (Pemex) para manipular licitaciones millonarias. En las comunicaciones entre Rovirosa y su socio, el exdirectivo de Pemex y militante panista Mario Alberto Ávila Lizárraga, se mencionaban pagos de «comisiones» que incluían artículos de lujo como bolsos Louis Vuitton y un reloj Hublot valuado en 12,500 dólares. «Un Hublot como comisión, jaja», rezaba uno de los textos que ahora carece de validez jurídica por la omisión procesal de la fiscalía.
Mientras Rovirosa recupera su libertad y estatus de residente legal en Estados Unidos, la causa deja un cabo suelto de alto perfil. Su presunto cómplice, Mario Alberto Ávila Lizárraga, quien también reside en territorio estadounidense desde 2016, permanece prófugo de la justicia. Este desenlace subraya cómo un detalle técnico y lingüístico puede derribar un caso de corrupción de alto nivel que ya parecía cerrado, dejando en entredicho la rigurosidad de la fiscalía en la gestión de evidencias bilingües.