14 de abril de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció sanciones contra seis objetivos vinculados a una red de lavado de dinero y contrabando de efectivo operada por el Cártel del Noreste (CDN). La organización, designada como Organización Terrorista Extranjera (FTO), mantiene un control violento sobre la plaza de Nuevo Laredo, Tamaulipas, desde donde coordina el tráfico de fentanilo, el tráfico de personas y extorsiones masivas en el puerto terrestre más activo de la frontera sur.
El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, enfatizó que esta acción busca asfixiar las fuentes de ingresos que permiten al CDN sembrar el terror en ambos lados de la frontera. Las sanciones de hoy incluyen al Casino Centenario en Nuevo Laredo y al Diamante Casino en Tampico, operados por la empresa CAMSA. Según las investigaciones, el Casino Centenario no solo servía para blanquear capitales, sino que funcionaba como casa de seguridad para el almacenamiento de drogas y como centro de tortura e intimidación de enemigos del cártel.
Entre los individuos sancionados destacan figuras clave que operaban bajo fachadas legítimas:
- Eduardo Javier Islas Valdez («Crosty»): Jefe de operaciones de tráfico de personas y control de casas de seguridad en Nuevo Laredo.
- Juan Pablo Penilla Rodríguez: Abogado defensor que, según el Tesoro, actúa como intermediario ilegal entre el liderazgo actual del cártel y Miguel Ángel Treviño Morales («Z-40»), permitiendo que este último mantenga su influencia desde prisión.
- Jesús Reymundo Ramos Vázquez («Raymundo Ramos»): Identificado como colaborador del CDN que, bajo la fachada de activista de derechos humanos, lidera campañas de desinformación, presenta quejas falsas contra el Ejército Mexicano y organiza protestas financiadas por el cártel para desacreditar a las autoridades.
Esta es la tercera acción importante contra el CDN durante la administración Trump en 2025-2026. Como resultado, todas las propiedades e intereses de estas personas y entidades en Estados Unidos quedan bloqueados, y se prohíbe cualquier transacción financiera con ellos. El gobierno estadounidense advirtió que las instituciones financieras extranjeras que faciliten negocios con estos designados podrían enfrentarse a sanciones secundarias, reafirmando su estrategia de «tolerancia cero» contra las finanzas del narcotráfico.