La junta militar de Birmania llevó a cabo el domingo la apertura de casillas para la segunda fase de las elecciones legislativas, como parte de un proceso de votación que ha recibido críticas de observadores internacionales. La jornada inició a las 06:00 horas locales (23:30 GMT del sábado) en el distrito de Kawhmu, dentro de la región de Rangún, zona que en el pasado fue escaño de la líder prodemocracia Aung San Suu Kyi, derrocada en el golpe de Estado de 2021 y actualmente detenida.

Los militares anularon los resultados de los comicios previos y justificaron el golpe bajo el argumento de un presunto fraude masivo en las elecciones en las que la Liga Nacional por la Democracia (LND), encabezada por Suu Kyi, obtuvo una victoria amplia. Monitores internacionales han sostenido, sin embargo, que esas acusaciones carecen de sustento.

Tras gobernar bajo control castrense durante cinco años, la junta anunció la realización de elecciones en tres etapas, con una fase final programada para el 25 de enero, bajo el planteamiento de restituir el poder a la ciudadanía. No obstante, el panorama político continúa marcado por la detención de Suu Kyi y por la disolución de la LND. Activistas prodemocracia han señalado que la votación organizada por las autoridades militares se encuentra condicionada por la represión contra disidentes y por la presencia de numerosos aspirantes alineados con la junta.

En la primera fase de las elecciones, celebrada en diciembre, el Partido Unión, Solidaridad y Desarrollo —de orientación promilitar y derrotado por la LND en 2020— obtuvo cerca de 90% de los escaños de la cámara baja, según lo reportado sobre esa etapa del proceso. Un residente de Rangún, de 50 años, afirmó bajo anonimato por razones de seguridad que “los resultados existen solo en la boca de los militares”.

El proceso tampoco se desarrolla de manera uniforme en todo el país. En amplias regiones bajo control de facciones rebeldes no se realizan votaciones. Las fuerzas armadas han acusado a esos grupos de ejecutar ataques con drones, cohetes y explosivos durante la primera fase electoral, en la que murieron cinco personas.

Analistas han interpretado que el llamado a elecciones busca mejorar la imagen del gobierno militar, con la intención de recomponer vínculos diplomáticos, atraer inversión externa y reducir el impulso de los grupos insurgentes. En ese contexto, Tom Andrews, experto de la ONU en derechos humanos, señaló en un comunicado que no resulta inesperado que el partido respaldado por los militares obtuviera una victoria amplia en la primera ronda. También afirmó que el proceso fue manipulado para asegurar la victoria de candidatos afines, consolidar la hegemonía militar y proyectar una apariencia de legitimidad, mientras continúan la violencia y la represión.

En la primera etapa, la participación se estimó en alrededor de 50%, por debajo del 70% registrado en 2020, cuando el partido de Suu Kyi llegó al poder. De acuerdo con la Red Asiática para Elecciones Libres, los partidos más votados en aquel proceso, incluida la LND, no participan en la elección actual.

Además, independientemente del resultado final, la arquitectura institucional mantiene un margen de poder reservado para las fuerzas armadas: la Constitución asigna a los militares un cuarto de los escaños legislativos, disposición heredada de un anterior gobierno castrense.