Ciudad de México.— La próxima iniciativa de reforma político-electoral del Ejecutivo federal incluirá lineamientos para que las constituciones locales y la de la Ciudad de México permitan eliminar la declaración de procedencia y se pueda iniciar acción penal contra personas gobernadoras, diputaciones locales y la Jefatura de Gobierno. En los hechos, se busca retirar el fuero para estos cargos y que puedan ser investigados por las fiscalías sin que ello implique declararles culpables de antemano.

Este martes, el diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar informó que presentó ante el Grupo de Trabajo de Dictaminación de la Comisión de Puntos Constitucionales una iniciativa de reforma en materia de fuero político. El documento plantea como objetivo central erradicar privilegios, combatir la impunidad y asegurar que ninguna persona servidora pública quede por encima de la ley, garantizando al mismo tiempo la libertad de expresión y el ejercicio de la función legislativa.

De acuerdo con legisladores de Morena, la propuesta para retirar el fuero constitucional será incorporada al proyecto de reforma electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Congreso de la Unión en enero, y que se prevé se empiece a dictaminar en febrero en una de las dos Cámaras.

Ramírez Cuéllar recordó que en 2019, a iniciativa del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, se modificó la Constitución para eliminar el fuero al titular del Ejecutivo federal y ampliar los delitos por los que podía ser juzgado, incluyendo actos de corrupción, ilícitos electorales y cualquier conducta sancionable para la ciudadanía. A su juicio, esa reforma fue un ejemplo de cómo colocar al presidente en el mismo plano que cualquier persona frente a la ley.

El vicecoordinador de Morena en San Lázaro señaló que la nueva iniciativa retoma experiencias de entidades como Ciudad de México, Jalisco y Puebla, donde ya se ha avanzado en la supresión del fuero. La intención es homologar criterios a nivel constitucional y devolver a esta figura su sentido original: la protección de las opiniones y del voto de legisladoras y legisladores, pero no su uso como escudo frente a procesos penales.

La propuesta plantea modificaciones a los artículos 61, 108, 111, 116 y 122 de la Carta Magna, entre ellas: reforzar el artículo 61 para blindar explícitamente las opiniones y el sentido del voto de las y los legisladores; ampliar en el artículo 108 el catálogo de personas servidoras públicas que pueden ser imputadas y juzgadas en funciones —incluyendo diputadas, senadores, gobernadoras y congresos locales— por los mismos delitos que cualquier ciudadano; eliminar la exigencia de declaración de procedencia para que integrantes del Congreso enfrenten procesos penales por hechos cometidos durante su encargo, sin que ello implique automáticamente su separación del cargo, salvo cuando el delito amerite prisión preventiva; y fijar en los artículos 116 y 122 reglas claras para que las constituciones de los estados y de la Ciudad de México permitan proceder penalmente contra personas gobernadoras, diputaciones locales y la Jefatura de Gobierno.

El legislador morenista insistió en que estar sujeto a proceso no equivale a ser declarado culpable, sino a permitir que las acusaciones se diriman ante fiscalías y tribunales. Subrayó que la intención es evitar que, por efecto del fuero, los delitos queden sin castigo o prescriban. “Lo que no queremos es que pasen tres o seis años con delitos por perseguir y que, por el fuero, no se castiguen”, advirtió.

Ramírez Cuéllar sostuvo que la iniciativa no debilita al Congreso ni a los gobiernos estatales, sino que los fortalece al mejorar la confianza ciudadana y cerrar espacios para que los cargos se utilicen como refugio ante responsabilidades penales. En ese sentido, ubicó la propuesta dentro de una agenda más amplia contra los privilegios, que incluye acciones frente al nepotismo y otras prácticas que considera dañinas para la vida democrática.

El diputado llamó a abrir un debate nacional sobre el tema, con foros y consultas que permitan enriquecer la discusión y encontrar equilibrios entre la protección institucional de la función pública y el combate a la impunidad. Afirmó que se trata, dijo, de una de las transformaciones democráticas de mayor relevancia que el país debe concretar en la próxima etapa de reformas.