La jueza federal Maame E. Frimpong ordenó al gobierno estadounidense detener los arrestos indiscriminados de inmigrantes en siete condados de California, incluyendo Los Ángeles.

La demanda fue presentada en la Corte de Distrito por grupos de defensa de los inmigrantes que señalaron que las detenciones se enfocaban sistemáticamente en personas de piel morena en el sur de California. Además, acusaron a los funcionarios de inmigración de detener a personas basándose en su raza, realizar arrestos sin orden judicial y negar a los detenidos el acceso a asesoría jurídica.

Un día después de la audiencia constitucional, la jueza también emitió una orden por separado en la que prohíbe al gobierno federal impedir el acceso de abogados a una cárcel para inmigrantes en Los Ángeles, así como las órdenes de emergencia, mientras el proceso judicial avanza, al argumentar que había una “montaña de evidencia” presentada en el caso de que el gobierno federal estaba cometiendo las violaciones de las que se le acusaba.

A través de la portavoz Abigail Jackson, la Casa Blanca declaró que “Ningún juez federal tiene la autoridad para dictar la política de inmigración; esa autoridad recae en el Congreso y el presidente”. Añadió que es un grave exceso de autoridad judicial, por lo que espera sea corregido en una apelación.