El centro de detención migratoria conocido como Alligator Alcatraz, construido de manera exprés en los Everglades de Florida, vive sus últimos días. Tras la orden judicial que determinó su clausura por violaciones ambientales y condiciones cuestionadas para los internos, el gobierno estadounidense confirmó que los traslados de los detenidos avanzan a tal ritmo que en cuestión de días la cárcel podría quedar completamente vacía.

La jueza federal Kathleen Williams rechazó la petición de las autoridades para mantener en operación el sitio mientras se resolvía una apelación, lo que obligó al Departamento de Seguridad Nacional a acelerar el desalojo. Hasta la semana pasada permanecían poco menos de 100 migrantes, sin embargo, fuentes oficiales de Florida anticipan que el número llegará a cero en breve.

La instalación, levantada en menos de dos semanas sobre una pista aérea abandonada, fue duramente criticada por organizaciones ambientalistas, que alertaron del impacto sobre un ecosistema sensible, y por defensores de derechos humanos, quienes denunciaron condiciones precarias de reclusión. El fallo judicial ordena también el desmantelamiento de la infraestructura en un plazo no mayor a 60 días.

El cierre de Alligator Alcatraz representa un revés político y económico para las autoridades estatales y federales, pues la obra implicó una millonaria inversión y ahora será recordada como un proyecto fallido que, lejos de resolver la crisis migratoria, abrió un debate sobre la legalidad, la ética y el respeto a la naturaleza en la gestión fronteriza de Estados Unidos.