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Vinculan a proceso a sus presuntos feminicidas en el Estado de México

Vinculan a proceso a los presuntos feminicidas de Diana Belén; enfrentan prisión preventiva y una posible condena de 70 años

Martes 7 de abril de 2026, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) logró un paso crucial en la búsqueda de justicia para Diana Belén. Un juez de control dictó auto de vinculación a proceso contra Octavio Enrique “N” —pareja sentimental de la víctima— y Diego Armando “N”, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio. La autoridad judicial determinó que existen elementos suficientes para mantener a ambos sujetos bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada, otorgando un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Los hechos que hoy los mantienen en el Centro Penitenciario y de Readaptación Social de Cuautitlán se remontan al pasado 17 de marzo en Tultitlán. Según la reconstrucción ministerial, la activista animalista fue agredida físicamente en un domicilio de la colonia Sierra de Guadalupe antes de ser trasladada a la calle Ampliación San Marcos, donde fue asesinada con un arma de fuego. Su cuerpo fue abandonado en la vía pública y localizado días después, inicialmente como desconocido, hasta que las pruebas periciales confirmaron su identidad tras el reporte de desaparición.

«Nos están amenazando… si hablo, nos matarán», fue parte del último grito de auxilio que Diana Belén lanzó en redes sociales antes de su muerte, denunciando una red de agresiones que las autoridades, en su momento, no lograron frenar.

El perfil de los imputados no se limita solo a este crimen; la Fiscalía estatal mantiene abiertas líneas de investigación por su probable relación con la venta de estupefacientes en la región de Huehuetoca, lugar donde fueron capturados originalmente por un delito distinto. De ser hallados culpables del feminicidio, Octavio y Diego podrían enfrentar una sentencia de hasta 70 años de prisión, marcando un precedente necesario en una entidad donde la violencia contra las mujeres y las activistas sigue siendo una herida abierta. El proceso legal continuará mientras la comunidad animalista y colectivos feministas exigen que la pena máxima sea aplicada sin concesiones.

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