Tras la denuncia presentada por el empresario Ricardo Salinas Pliego ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que acusó una presunta “persecución política” del gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó esos señalamientos y afirmó que el caso corresponde únicamente a un procedimiento fiscal del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En una conferencia realizada en el Estado de México, la mandataria sostuvo que no hay violación a derechos humanos y que el asunto se limita al cumplimiento de obligaciones tributarias. Agregó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los amparos promovidos no proceden, por lo que deben acatarse las resoluciones emitidas por los tribunales.

“Primero, no hay persecución política, no hay violación a ningún derecho humano, sino sencillamente un requerimiento del SAT, que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que es válido, que los amparos no son válidos y que la resolución de los tribunales en su momento es la que debe ser”, expresó Sheinbaum.

La presidenta señaló que el empresario ya fue notificado formalmente del monto que debe cubrir y que existen plazos establecidos en la ley para cumplir con el pago. Precisó que la resolución vigente proviene del último tribunal colegiado, donde se fija una cantidad específica, la cual puede ajustarse conforme a lo previsto en la legislación fiscal.

Sheinbaum añadió que el Código Fiscal de la Federación contempla la posibilidad de que los contribuyentes se acerquen al SAT para acordar esquemas de pago, incluidos pagos en parcialidades. “Ellos tienen que acercarse al SAT y ahí establecer su pago; incluso pueden pagar no en una sola exhibición, sino en varias. Eso es lo que marca la ley”, indicó.

Finalmente, afirmó que el gobierno federal se mantiene a la espera de que se cumplan los plazos legales correspondientes para que las empresas involucradas regularicen su situación fiscal conforme a derecho.