En una sesión marcada por el contraste de posturas, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón presentó su proyecto para anular la reciente elección judicial, bajo el argumento de que el proceso estuvo plagado de irregularidades en su origen y en la convocatoria. La expectativa era alta, pues se trataba de un asunto que podía redefinir la legitimidad de un nuevo modelo de selección en el Poder Judicial.

Desde el inicio de la deliberación, la ponencia enfrentó resistencias. Algunos magistrados consideraron que los señalamientos de Rodríguez Mondragón se sustentaban más en lecturas políticas que en violaciones de carácter constitucional. El debate fue subiendo de tono conforme se discutía si los errores administrativos podían o no traducirse en un motivo suficiente para invalidar todo el procedimiento.

La mayoría coincidió en que anular la elección sería un golpe de incertidumbre para la ciudadanía y para la estabilidad de las instituciones. Argumentaron que los principios de legalidad y certeza no se vieron comprometidos al grado de justificar una medida extrema, y que, en cambio, era necesario respaldar la continuidad del proceso democrático judicial.

El desenlace fue claro: el proyecto quedó en minoría y con ello se cerró la puerta a la anulación. Más allá del resultado, la sesión dejó entrever las fracturas internas al interior de la Sala Superior del Tribunal Electoral y la compleja tensión entre la exigencia ciudadana de transparencia y la necesidad de preservar la fortaleza institucional del Poder Judicial.