En una jornada legislativa marcada por la diversificación de la agenda estatal, el Congreso de Puebla aprobó la denominada Ley de Kilómetro Cero. Esta nueva normativa establece un marco legal para priorizar la economía de proximidad, con el objetivo de reducir las brechas logísticas entre los productores regionales y los consumidores finales. La medida busca garantizar que el flujo de capital se mantenga dentro de las propias comunidades, fortaleciendo la soberanía financiera local y optimizando las cadenas de suministro tradicionales.

Durante la sesión, el cuerpo legislativo también concretó la renovación de su estructura interna. A partir del 16 de marzo y hasta el 14 de septiembre de 2026, la Mesa Directiva será presidida por Marcos Castro Martínez, quien estará acompañado en las vicepresidencias por Elisa Limón Balderrábano y Kathya Sánchez Rodríguez. Asimismo, se integró a las diputadas Norma Estela Pimentel Méndez y Floricel González Méndez a la Comisión Permanente para el periodo que concluye a mediados de mayo.

En materia de derechos y seguridad social, los diputados validaron ajustes significativos a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado. A partir de ahora, las trabajadoras embarazadas cuentan con la facultad legal de transferir hasta cuatro semanas de su periodo de descanso prenatal hacia el periodo postnatal, brindando mayor flexibilidad y apoyo en casos de nacimientos que ocurran antes de la fecha programada.

El paquete de reformas aprobado también incluyó avances en la lucha contra la violencia de género y la protección a menores. Se incorporaron definiciones explícitas sobre el acoso y hostigamiento sexual dentro de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Paralelamente, se actualizó la Ley de Seguridad Integral Escolar para tipificar formalmente el acoso cibernético, así como las agresiones psicológicas y verbales dentro de las instituciones educativas.

Finalmente, el Congreso estatal ajustó la normativa de transporte para obligar a las empresas concesionarias a capacitar a sus operadores en derechos humanos e igualdad de género. En el ámbito hacendario, se avalaron reformas que permitirán al gobierno estatal estrechar convenios para mejorar la recaudación del impuesto predial y optimizar la distribución de participaciones federales, buscando un manejo más eficiente de las finanzas municipales.