Tras la negativa parlamentaria a la propuesta de reforma constitucional en materia electoral, el Poder Ejecutivo Federal detalló las líneas operativas del denominado «Plan B». Esta estrategia busca modificar el marco normativo secundario con el objetivo primordial de racionalizar los recursos destinados a los partidos políticos y al Instituto Nacional Electoral (INE), bajo una premisa de austeridad institucional.

Durante el anuncio de las medidas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el proyecto original, que no alcanzó la mayoría calificada necesaria para su aprobación, pretendía ajustar el gasto público para alinearlo con las demandas sociales prioritarias. La propuesta sostiene que el financiamiento público a las organizaciones políticas y las remuneraciones de los consejeros electorales resultan desproporcionados frente a las necesidades de servicios básicos, como agua potable, drenaje y saneamiento en los municipios del país.

En el análisis del proceso legislativo, se precisó que la iniciativa no logró prosperar debido al rechazo de las bancadas de oposición, integradas por el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. El respaldo se concentró mayoritariamente en los legisladores de Morena, con apoyos parciales de las fracciones del Partido Verde y del Trabajo. A pesar de este resultado, el Gobierno Federal afirmó que la presentación del proyecto cumplió con un compromiso de consulta ciudadana que exige una reducción en el costo de la democracia en México.

El «Plan B» mantendrá los ejes fundamentales de la propuesta inicial: la eliminación de privilegios económicos y la reingeniería de funciones entre el organismo nacional y los organismos públicos locales (Oples) para evitar duplicidades administrativas. Se planteó que los ahorros generados mediante estas modificaciones se orienten directamente a la inversión en escuelas, hospitales y redes de bienestar social.

Finalmente, la estrategia contempla el fortalecimiento de los mecanismos de democracia participativa. El objetivo es incrementar la incidencia de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones y en la selección de sus representantes, promoviendo un sistema electoral más eficiente y menos oneroso para el erario público.