La medida está prevista para entrar en vigor el 21 de enero. De acuerdo con un documento interno del Departamento de Estado, se realiza una revisión detallada de políticas, regulaciones e instrucciones para elevar los controles y el nivel de verificación en los trámites de visa estadounidense.

El mismo documento plantea que las solicitudes provenientes de los países contemplados representan un riesgo elevado de depender de programas de asistencia del Gobierno de Estados Unidos. En ese marco, el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott, señaló que la dependencia aplicará su facultad para descalificar a potenciales inmigrantes que pudieran convertirse en una “carga para el erario público”.

En paralelo, el Departamento de Estado informó que desde que Donald Trump asumió el cargo se han revocado más de 100,000 visas. También se indicó que el Gobierno adoptó criterios más estrictos para el otorgamiento de visas, con mayores revisiones, incluido un control más riguroso de redes sociales y una evaluación más exhaustiva de cada caso.

La suspensión alcanzaría a varios países de América Latina y el Caribe. En esta ocasión, se menciona que Venezuela no aparece en el listado. La relación de países incluye a: Afganistán, Albania, Argelia, Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bielorrusia, Belice, Bután, Bosnia, Brasil, Camboya, Camerún, Cabo Verde, Colombia, República Democrática del Congo, Cuba, Dominica, Egipto, Eritrea, Etiopía, Fiyi, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Haití, Irán, Irak, Costa de Marfil, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Kuwait, Kirguistán, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Macedonia del Norte, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, República del Congo, Rusia, Ruanda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Tanzania, Tailandia, Togo, Túnez, Uganda, Uruguay, Uzbekistán y Yemen.

Aunque Trump hizo campaña con el objetivo de frenar la migración irregular hacia Estados Unidos, el texto también señala que su administración ha endurecido rutas de migración legal. Entre los ejemplos se menciona la imposición de nuevas tarifas, descritas como más costosas, para solicitantes de visas H-1B dirigidas a trabajadores altamente calificados.

David Bier, director de Estudios de Inmigración del Instituto Cato y titular de la Cátedra de Política de Inmigración de la Fundación Selz, afirmó que la agenda actual es especialmente restrictiva para la inmigración legal. Añadió que la medida podría impedir el ingreso de una parte importante de inmigrantes legales y estimó que se rechazaría a cerca de 315,000 personas en el próximo año.

El contexto ocurre a meses de que Estados Unidos sea coanfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 junto con México y Canadá, y con la mira puesta en los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles. Según lo reportado, las visas de no inmigrante —temporales, como turismo o negocios— no estarían incluidas en esta regulación.