En una sesión que marca un antes y un después en la legislación penal de la región, la Knesset (parlamento israelí) aprobó este lunes 30 de marzo de 2026 una controvertida ley que autoriza la pena de muerte para prisioneros palestinos. La votación, que se definió en segunda y tercera lectura, contó con 62 votos a favor, 47 en contra y una abstención. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, estuvo presente y votó a favor de la iniciativa, consolidando el respaldo del Ejecutivo a una de las promesas más radicales de su coalición de gobierno.

La ley fue impulsada originalmente por el partido de extrema derecha Otzma Yehudit (Poder Judío), liderado por el actual Ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir. Tras el anuncio del resultado, Ben-Gvir calificó la jornada como «histórica» y lanzó una declaración que ha encendido las alarmas internacionales: «Pronto serán ejecutados uno por uno».

La legislación establece criterios específicos para la aplicación de la pena capital, estipulando que se aplicará a:

• Quien cause la muerte de un ciudadano israelí de manera intencionada o por negligencia.
• Cuando el acto esté motivado por racismo, odio o con la intención específica de dañar al Estado de Israel.

Contexto humanitario y críticas

La aprobación de esta ley llega en un momento de máxima tensión. Actualmente, se estima que hay más de 9,300 palestinos en prisiones israelíes, incluyendo a 350 niños y 66 mujeres. Diversas organizaciones de derechos humanos, tanto palestinas como israelíes, han denunciado que esta población carcelaria ya sufre condiciones de tortura, hambruna y una negligencia médica que ha derivado en decenas de muertes en los últimos meses.

Desde octubre de 2023, las medidas punitivas contra los prisioneros se han intensificado en paralelo a la guerra, que hasta la fecha registra cifras devastadoras de más de 72,000 fallecidos y 172,000 heridos. Mientras los sectores más radicales de Israel celebran la medida como una herramienta de disuasión, la oposición interna y la comunidad internacional advierten que este paso podría cerrar definitivamente las puertas a cualquier intento de desescalada o negociación futura.