Este miércoles 8 de abril de 2026, el Estado de México marcó un hito legislativo al aprobar en comisiones la creación de una nueva Ley de Salud, un ordenamiento que no se renovaba de forma específica desde hace 24 años. La decisión, impulsada por las comisiones de Gobernación, Puntos Constitucionales y Salud, integra 15 iniciativas de diversas fuerzas políticas para responder a una realidad crítica: según el Informe sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2026, el 48.8 por ciento de los mexiquenses carece de seguridad social, lo que deja a unos 8.6 millones de personas en la incertidumbre médica.
El nuevo marco legal se separa finalmente del Código Administrativo para agilizar la coordinación hospitalaria y fortalecer al Instituto de Salud estatal. Entre sus puntos más innovadores destaca la gratuidad de medicamentos y servicios para personas sin seguro, la regulación estricta de los centros de adicciones y un enfoque masivo en la medicina preventiva, a la que se dedica el 75 por ciento del cuerpo de la ley. Además, el texto incorpora temas de vanguardia como la atención integral a la salud mental, el combate al robo de fármacos y la creación de programas específicos para el cáncer infantil, la menopausia y las malformaciones cardíacas.
Uno de los temas centrales y más debatidos fue la incorporación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Aunque la ley recibió el respaldo mayoritario de los grupos parlamentarios, la bancada del PAN manifestó su rechazo exclusivo al capítulo 10, que regula este servicio. No obstante, el consenso general permitió avanzar en una normativa que también moderniza el sistema de ambulancias, la donación de órganos y el uso de tecnologías de la información para prevenir brotes epidemiológicos con mayor rapidez.
Con esta legislación, se busca optimizar la operación de las mil 281 unidades médicas de la entidad y mejorar las condiciones laborales de casi 50 mil trabajadores de la salud. Los legisladores aseguraron que la meta es sentar bases jurídicas sólidas para que la atención deje de ser un privilegio de pocos y se convierta en un derecho accesible, reduciendo los tiempos de espera y garantizando que las familias mexiquenses no queden desprotegidas ante gastos catastróficos por enfermedades graves.