Con el objetivo primordial de reducir los tiempos de reacción institucional y fortalecer la protección a los sectores más vulnerables, el Congreso del Estado de México concretó la aprobación de un ambicioso paquete de reformas durante el primer trimestre de este 2026. Esta reingeniería legal abarca materias de seguridad pública, procuración de justicia y violencia de género, destacando especialmente la ampliación de facultades para la Secretaría de Seguridad y las corporaciones municipales, las cuales ahora podrán participar activamente en la investigación de delitos bajo la conducción del Ministerio Público para agilizar la integración de las carpetas de investigación. En el ámbito del combate al crimen organizado, se expidió una nueva ley contra la extorsión que pone énfasis en el «cobro de piso», estableciendo su persecución de oficio para evitar que las víctimas queden expuestas al presentar denuncias directas; además, se impuso la obligación técnica a los centros penitenciarios de implementar bloqueadores de señales de telefonía y radio para cortar las operaciones delictivas que emanan desde el interior de las cárceles.
En materia de derechos de las mujeres, la Legislatura marcó un precedente con la creación del Juzgado LIBRE, una instancia especializada en la emisión de órdenes de protección con medidas inmediatas para salvaguardar vidas. Asimismo, se logró la tipificación de la violencia vicaria, imponiendo sanciones de hasta ocho años de prisión a quienes utilicen a los hijos para dañar a las madres, y se reconoció la violencia digital como una acción dolosa punible mediante el uso de tecnologías. El paquete de reformas también ajustó el sistema judicial al incorporar la figura de nulidad de juicio concluido, permitiendo invalidar resoluciones que hayan sido producto de fraudes o pruebas falsas, y reconoció la competencia de magistraturas unitarias en tribunales de alzada para acelerar las sentencias. Finalmente, las nuevas normativas refuerzan los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas, obligando a una coordinación técnica y operativa más estrecha entre los niveles estatal y municipal para responder con mayor eficacia ante esta crisis humanitaria en la entidad.