El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, afirmó que su administración trabaja en una estrategia para atender el tema de la concesión del agua en la entidad y adelantó que se prepara una “gran sorpresa” relacionada con ese servicio. Señaló que la prioridad de su gobierno es garantizar el suministro del recurso a la población.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal indicó que se alista una ruta de negociación con Concesiones Integrales S.A. de C.V. con el objetivo de dar por terminado el título de concesión. Armenta calificó el esquema vigente como resultado de corrupción y lo atribuyó a administraciones panistas.

Durante su intervención, sostuvo que el acceso al agua no debe tratarse como mercancía, sino como un derecho humano. En ese sentido, afirmó que el modelo de concesión afectó a la ciudadanía y, de acuerdo con su postura, implicó un daño al patrimonio público.

“Estamos trabajando en el tema de agua de Puebla, le vamos a dar una gran sorpresa a Puebla, estamos en eso, pero hay cosas que se tienen que cuidar respecto a procesos de investigación y cómo podemos trabajar, nos ocupa que Puebla tenga agua, ese es el objetivo, es un derecho humano”, señaló.

Armenta también mencionó que una revocación directa del título de concesión representaría un costo de al menos 7 mil millones de pesos para el Estado, lo que —dijo— podría impactar las finanzas públicas. Por ello, explicó que se revisan alternativas financieras y jurídicas para garantizar el abastecimiento en la capital y su zona metropolitana.

El gobernador agregó que se evalúa el escenario luego de que se difundiera que la empresa trasnacional filipina Manila Water habría adquirido 75% de las acciones de la firma poblana.

Finalmente, Armenta vinculó al Partido Acción Nacional con la privatización del agua y aseguró que los contratos fueron redactados de forma “leonina”, lo que, en su planteamiento, limita la posibilidad de que el Estado recupere el control sin enfrentar sanciones económicas elevadas. También calificó como “traición al Estado” la entrega del servicio a la iniciativa privada, al considerar que generó un daño patrimonial.