El Día Internacional del Acceso Universal a la Información, celebrado cada 28 de septiembre, es un momento clave para reflexionar sobre el estado del derecho a la información en México, especialmente en un contexto de cambios normativos recientes y de cara a los desafíos que enfrentamos para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.

Este año 2025, la conmemoración adquiere un significado especial pues se celebra en Manila, Filipinas, con un enfoque particular: garantizar el acceso a la información ambiental en la era digital.

En México, el acceso a la información y la protección de datos personales experimentaron una transformación profunda con la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que tuvo lugar, materialmente, la noche del 20 de marzo de 2025.

Esta decisión llevó a la creación de distintas entidades garantes del derecho y otros instrumentos. Sin embargo, destaca el papel de Transparencia para el Pueblo, organismo adscrito a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) que regula hoy en día la mayor cantidad de sujetos obligados de la Ley General de Transparencia en la Federación.

La desaparición del INAI representa el entendimiento de los nuevos caminos para solicitar, inconformarse y controvertir flujos de información en posesión de entidades públicas con reglas que no son monitoreadas por un árbitro autónomo y sí por instancias que, conforme al nuevo modelo, son juez y parte en un mismo contexto.

Con la centralización de funciones en Transparencia para el Pueblo, existen preocupaciones sobre dificultades para garantizar la imparcialidad en la resolución de recursos y la protección efectiva de datos personales. Asimismo, la coordinación con instancias estatales, que a menudo presentan vacíos o deficiencias, añade un reto adicional para una protección homogénea y eficaz en todo el país.

Un ejemplo preocupante de los retos actuales en materia de transparencia en México, a nivel federal y local, se observa en el estado de Tabasco. Ahí donde la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno local determinó clasificar como reservada la información sobre las declaraciones patrimoniales de Hernán “N”, implicado en el mediático caso conocido como “La Barredora”, información que por mandato de Ley es, en versión pública, indiscutiblemente de acceso general y debe prevalecer el alcance de máxima publicidad, no obstante que las interpretaciones relativas determinaron la secrecía de una obligación de transparencia común.

Casos como este evidencian limitaciones y vacíos en la aplicación de la normativa y la voluntad política, y muestran la necesidad urgente de retomar mecanismos autónomos y robustos que garanticen el acceso real a la información. Un modelo que ya funcionaba con resoluciones certeras y en vía de criterios obligatorios u orientadores con el extinto INAI.

México vive un momento crucial en materia de transparencia y acceso a la información con la extinción del INAI y las restantes autonomías en los estados, en donde hasta el 22 de septiembre, se tiene registro de 12 órganos garantes locales formalmente extintos; 11 entidades federativas cuyos congresos han aprobado reformas constitucionales para dar paso a la extinción; 6 entidades en donde se han presentado iniciativas para configurar su nuevo modelo y 3 estados que no cuentan con iniciativa todavía.

En este Día Internacional del Acceso Universal a la Información, es fundamental que autoridades, sociedad civil y medios de comunicación visibilicen la necesidad de fortalecer este derecho democrático al promover no solo la transparencia formal, sino el acceso efectivo a la información pública, vital para la rendición de cuentas, la participación ciudadana y finalmente para asumir una congruente libertad de expresión en México, en donde se rechace y condene cualquier posibilidad de configurar una desafortunada eventualidad como la ocurrida hasta hace unos días en Nepal.