La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló durante su conferencia matutina de este martes que el gobierno de Estados Unidos no ha cumplido con ninguna de las 269 solicitudes de extradición emitidas por las autoridades mexicanas en los últimos ocho años. Al presentar un balance oficial desde el Palacio Nacional, la mandataria detalló que del primero de enero de 2018 al 13 de mayo de 2026, Washington no ha entregado a un solo presunto delincuente reclamado por la justicia de nuestro país, una situación que, afirmó, evidencia una falta de equidad en la relación bilateral en materia de seguridad.
Esta exhibición de cifras se enmarca en el tenso contexto generado por las recientes solicitudes de detención provisional con fines de extradición que emitió el gobierno estadounidense contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, junto a otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos acusados de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Ante este escenario, Sheinbaum Pardo exigió reciprocidad diplomática y judicial, cuestionando duramente la parálisis de su vecino del norte frente a peticiones que involucran casos de alta gravedad para el Estado mexicano, entre los que destacó la persecución de exgobernadores, líderes de la delincuencia organizada, operadores financieros ligados a fraudes fiscales y personajes implicados en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
Al desglosar la numeralia en su reporte, la titular del Ejecutivo especificó que de los 269 requerimientos formulados a Estados Unidos, treinta y seis fueron negados de manera definitiva, mientras que 233 expedientes permanecen atascados y pendientes por concluir. Dentro de este bloque en espera, 183 corresponden a peticiones formales de extradición y los cincuenta restantes se catalogan como solicitudes de detención provisional. Sobre este último rubro, la mandataria puntualizó que en cuarenta y siete de esos cincuenta casos, las autoridades estadounidenses han argumentado que requieren información adicional por parte de México para poder proceder, prolongando así la impunidad de los perfiles solicitados.