El empresario ruandés Félicien Kabuga, considerado uno de los principales instigadores y financiadores del genocidio de 1994 en su país, falleció el sábado a los noventa y tres años de edad en un hospital de La Haya, en los Países Bajos. Kabuga era señalado por la justicia internacional como una pieza económica clave en la masacre que cobró la vida de aproximadamente ochocientas mil personas pertenecientes a la etnia tutsi, así como a miembros de los hutus moderados. A pesar de la gravedad de los cargos en su contra, el magnate murió sin recibir una sentencia condonatoria o absolutoria por los crímenes de lesa humanidad que se le imputaban.

El Tribunal Penal Internacional para Ruanda emitió una acusación formal en su contra desde el año de 1997, pero el empresario logró eludir la acción de la justicia internacional durante más de dos décadas mediante el uso de identidades falsas y complejas redes de apoyo. Su prolongada huida concluyó en mayo de 2020, cuando fue localizado y arrestado en París, Francia, para posteriormente ser trasladado a los Países Bajos. Para el momento de su captura, el tribunal especial ya había cerrado sus puertas formalmente, por lo que su caso fue asumido por un mecanismo residual de la Organización de las Naciones Unidas diseñado para dar continuidad a estos procesos, dado que el genocidio es un delito que no prescribe.

Finalmente, el proceso judicial en contra de Kabuga nunca pudo concretarse debido a que los dictámenes médicos determinaron que padecía un estado avanzado de demencia, lo que lo incapacitaba legalmente para comprender los cargos y defenderse en un juicio institucional. Asimismo, las autoridades judiciales encargadas del caso descartaron su traslado y extradición a Ruanda por motivos ligados a su precario estado de salud, así como por la existencia de dudas razonables sobre las condiciones de seguridad para su integridad en su país de origen, cerrando así uno de los capítulos más elusivos de la historia penal internacional.