En el Estado de México, la Fiscalía General de Justicia mantiene activas 212 ofertas de recompensa por personas desaparecidas, con el objetivo de incentivar la entrega de información que permita su localización. La medida opera como un recurso excepcional dentro de investigaciones donde no ha habido avances por las vías habituales o se trata de expedientes de larga data.

De acuerdo con los registros institucionales, el número total de personas desaparecidas en la entidad supera las 14 mil, por lo que las 212 recompensas vigentes representan un subconjunto específico dentro de un problema de mayor dimensión. En paralelo, la Fiscalía también ha autorizado recompensas en 93 investigaciones por delitos de alto impacto —como homicidio, secuestro y delincuencia organizada—, donde se concentran los montos más elevados: hasta 500 mil pesos por información que conduzca a la localización y captura de líderes criminales como José Alfredo Hurtado Olascoaga (“El Fresa”) y Johnny Hurtado Olascoaga (“El Pez”), vinculados con la Familia Michoacana.

El sistema de recompensas comenzó en 2014, inicialmente como un incentivo para obtener datos que facilitaran la detención de objetivos criminales. Con el paso del tiempo, se extendió a casos de desaparición, en particular aquellos con largos periodos sin resultados o que ocurren en contextos de violencia donde aportar información implica riesgos.

El marco vigente se encuentra en el Acuerdo Número 06/2025, publicado el 19 de agosto en la Gaceta del Gobierno, que autoriza y ratifica recompensas tanto para localizar personas desaparecidas o no localizadas como para ubicar y detener probables responsables de distintos delitos. El documento establece montos, canales oficiales para recibir información y criterios de entrega. Entre sus puntos centrales, señala que la recompensa es un acto de investigación que no requiere autorización judicial previa y que los datos aportados por particulares se tratan como confidenciales: se asigna un número de identificación para proteger la identidad del informante y evitar que sus datos se integren de forma directa a la carpeta.

Sobre su alcance, una exfuncionaria vinculada a labores de búsqueda explicó que el esquema fue concebido como herramienta excepcional para motivar que alguien con información se anime a compartirla; sin embargo, incluso con incentivos económicos, persiste el temor y la desconfianza hacia la autoridad, lo que se refleja en la baja cantidad de recompensas efectivamente cobradas.

En ese contexto, subrayó que la crisis forense sigue siendo uno de los grandes obstáculos para esclarecer desapariciones: el rezago se agrava por la falta de cruces sistemáticos entre registros de personas no localizadas y de personas fallecidas sin identificar, lo que prolonga miles de carpetas sin resolución y mantiene a las familias en incertidumbre.

El Acuerdo 06/2025 incluye fichas activas de casos específicos. Entre ellos, el de Brandon Guillermo Torres López, desaparecido el 1 de febrero de 2019 en Chapultepec, por quien se ofrece hasta 300 mil pesos. También figuran Lucía Román Chávez (Ixtapaluca), Óscar García González (Texcaltitlán) y Oswaldo Espejel Guevara (Tecámac), incorporados tras agotarse diversas líneas de investigación y ante la posibilidad de que terceros cuenten con información no aportada por miedo o falta de confianza.

No obstante, hay familias que cuestionan por qué algunos expedientes no se integran al mecanismo. Se menciona el caso de María Fernanda Rodríguez Cepeda y Daniel Arturo Chávez Valdés, desaparecidos el 4 de abril de 2023 en Lerma, cuyo expediente —según su familiar— ha sido solicitado reiteradamente para ingresar al sistema sin una resolución favorable, pese a que la familia considera que el contexto ameritaría una ficha.

En cuanto a resultados, la información oficial indica que, en 12 años de operación, se han pagado nueve recompensas vinculadas con la localización de personas desaparecidas, por un monto acumulado de 940 mil pesos, tras desactivarse los ofrecimientos cuando la información permitió avances concluyentes. La Fiscalía reporta mayor efectividad en casos delictivos: 43 recompensas han sido cobradas luego de detenciones o entregas voluntarias de personas con órdenes de aprehensión, con un acumulado pagado de 13 millones 180 mil pesos, principalmente en expedientes de delincuencia organizada y delitos de alto impacto.