El Consejo de Derechos Humanos de la ONU condenó este viernes a Irán por presuntos abusos y decidió ordenar una investigación sobre la reciente represión contra protestas antigubernamentales que, según diversos reportes, dejó miles de personas muertas. La decisión se tomó durante una sesión de emergencia celebrada en Ginebra.

En ese encuentro, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió a las autoridades iraníes “reconsiderar”, “dar marcha atrás” y poner fin a lo que describió como una represión brutal. También expresó preocupación por la situación de las personas detenidas.

El Consejo aprobó una moción que extiende una investigación previamente creada en 2022, a fin de que los investigadores de la ONU puedan documentar también los hechos vinculados con la ola más reciente de protestas, con el objetivo de que el material recabado pueda servir en eventuales procesos legales futuros.

Organizaciones de derechos humanos han señalado que entre las víctimas habría transeúntes y personas ajenas a los enfrentamientos, en lo que describen como la mayor ofensiva represiva desde que clérigos chiíes llegaron al poder tras la revolución de 1979. Por su parte, Irán ha sostenido que se trataba de “terroristas y alborotadores” respaldados por opositores en el exilio y por enemigos externos, y ha mencionado a Estados Unidos e Israel.

La misión de Irán rechazó la resolución, al calificarla de “politizada”, y criticó lo que consideró injerencia externa. En un comunicado, afirmó que cuenta con mecanismos de rendición de cuentas que describió como independientes y sólidos para investigar “las causas de fondo” de los hechos recientes.

En la votación, 25 países —entre ellos Francia, México y Corea del Sur— se pronunciaron a favor. Siete votaron en contra, incluidos China e India, y 14 se abstuvieron.

Durante la sesión, Payam Akhavan, exfiscal de la ONU de nacionalidad iraní-canadiense, calificó la situación como “el peor asesinato masivo” en la historia contemporánea de Irán y pidió un “momento Núremberg”, en referencia a los juicios internacionales contra líderes nazis tras la Segunda Guerra Mundial.

El embajador de Irán ante la ONU en Ginebra, Ali Bahreini, sostuvo que la sesión de emergencia no era válida y presentó la cifra de Teherán de aproximadamente 3,000 muertos durante los disturbios. Sin embargo, un funcionario iraní citó un balance de al menos 5,000 fallecidos, incluidos 500 miembros de las fuerzas de seguridad. A su vez, el grupo de derechos humanos HRANA reportó haber verificado 4,519 muertes relacionadas con los hechos y dijo que tenía otras 9,049 bajo revisión.

Además, China, Pakistán, Cuba y Etiopía pusieron en duda la utilidad de la sesión. El embajador chino Jia Guide describió la crisis en Irán como un asunto de “asuntos internos”.