Mientras Washington vincula de forma explícita los aranceles a exigencias geopolíticas relacionadas con Groenlandia, en varias capitales europeas crece la discusión sobre si la Unión Europea debe responder con una herramienta inédita: el Instrumento Anti-Coerción (IAC), pensado para convertir una presión contra un miembro del bloque en un asunto de todo el mercado único.

El IAC —en vigor desde finales de 2023— establece que la UE puede actuar cuando un país externo intenta forzar a un Estado miembro a “tomar una determinada decisión” mediante la aplicación, o amenaza de aplicación, de medidas que afecten al comercio o a la inversión. En este contexto, la tensión se alimenta por el tono cada vez más hostil de Washington en torno a Groenlandia y por la amenaza de imponer un arancel adicional del 10% a productos procedentes de varios países europeos a partir del 1 de febrero, con un aumento potencial al 25% el 1 de junio si continúa la resistencia política. Estas nuevas cargas se sumarían a un arancel base ya existente.

A diferencia de disputas comerciales más habituales —centradas en déficits o barreras técnicas—, el elemento distintivo aquí es la vinculación política directa: los aranceles se plantean como palanca para obtener un resultado geopolítico. Bajo la lógica del IAC, eso puede interpretarse como presión económica indebida sobre las opciones soberanas de los Estados europeos.

Aunque Groenlandia no pertenece a la UE, está vinculada a un Estado miembro (Dinamarca). En esa lectura, una coerción dirigida a Groenlandia podría considerarse, en los hechos, coerción sobre la capacidad de decisión de un miembro del bloque. El espíritu del instrumento es justamente ese: si se presiona a una capital europea para que cambie una postura política, no se enfrenta solo a ese país, sino al conjunto del mercado único.

El paralelismo que algunos hacen es con el “uno para todos” del artículo 5 de la OTAN, pero trasladado al terreno económico: no como respuesta militar, sino como capacidad de contraataque comercial y regulatorio desde una economía integrada. Con una diferencia clave: la UE es un club del que Estados Unidos no forma parte, por lo que una respuesta bajo el IAC no implicaría, por sí misma, arrastrar a toda la alianza atlántica a un mecanismo automático.

El instrumento fue concebido pensando, sobre todo, en comportamientos coercitivos atribuidos a potencias rivales —por ejemplo, bloqueos o restricciones comerciales para forzar decisiones políticas—, pero no para usarse contra un aliado histórico. Aun así, el debate actual muestra un cambio de tono: cuando la disputa entra en la esfera de la soberanía y la presión se ejerce mediante comercio, la UE contempla defenderse con el peso de su propio mercado.