El gobierno federal dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Economía Circular, con la intención de impulsar un modelo que extienda la durabilidad de los productos y reduzca la generación de desechos. La nueva legislación plantea como ejes principales la minimización de residuos y el fomento a su recuperación, aprovechamiento y valorización, además de definir cómo se repartirán competencias entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

El decreto comenzó a aplicarse a partir de este martes. Con ello, el Ejecutivo federal cuenta con un plazo de 180 días naturales para emitir el reglamento —o reglamentos— que detallen la operación de la ley.

Para coordinar acciones entre los tres niveles de gobierno, se establece la creación del Sistema Nacional de Economía Circular, que será encabezado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En este esquema también participarán dependencias como Economía, Hacienda, Energía, Desarrollo Agrario, Infraestructura y Transportes, Educación Pública y la secretaría encargada de ciencia, humanidades, tecnología e innovación. Cada estado estará representado por la institución responsable de temas ambientales y de conservación de recursos naturales.

La ley también prevé la elaboración de un Programa Nacional de Economía Circular, que agrupe políticas públicas, subprogramas, proyectos y actividades bajo los principios de este enfoque. Dicho programa deberá publicarse en el DOF en un plazo máximo de 180 días naturales posteriores a la publicación del reglamento correspondiente.

Otro componente será la creación de un distintivo nacional para identificar productos que cumplan con los criterios de la norma. Este sello deberá ofrecer información veraz, comprobable y accesible al consumidor, tendrá vigencia de tres años y podrá renovarse.

En materia de disposición final de residuos, la ley plantea que los rellenos sanitarios autorizados inicien un proceso gradual de reconversión, con un horizonte de cinco años, para alinearse a las metas de reducción de la disposición final y su incorporación al Modelo Nacional de Economía Circular. Se contempla la posibilidad de extensiones mediante acuerdos definidos caso por caso.

Finalmente, el decreto incluye cambios y adiciones a disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, con el objetivo de armonizar el nuevo marco de economía circular con la normativa ambiental vigente.