Un tratado global para resguardar la biodiversidad en alta mar entró en vigor este sábado, al establecer un marco jurídicamente vinculante para que los países enfrenten amenazas como la sobrepesca y contribuyan a la meta de proteger 30% del entorno oceánico hacia 2030.

El acuerdo de Naciones Unidas, conocido como Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ), se cerró en marzo de 2023 tras 15 años de negociaciones. Con su puesta en marcha, se abre la posibilidad de crear una red mundial de áreas marinas protegidas en vastos ecosistemas ubicados en aguas internacionales, históricamente con regulación limitada.

Adam McCarthy, alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Australia y copresidente del comité preparatorio del tratado, señaló en una sesión informativa con medios que el instrumento cubre dos tercios del océano y cerca de la mitad de la superficie del planeta, y que por primera vez esa zona contará con un régimen legal integral.

El tratado alcanzó el umbral de 60 ratificaciones nacionales el 19 de septiembre del año pasado, lo que activó su entrada en vigor 120 días después. Desde entonces, el número de ratificaciones superó las 80, con incorporaciones como China, Brasil y Japón. Otros países, entre ellos Reino Unido y Australia, se prevé que lo hagan en breve. Estados Unidos firmó el instrumento durante la administración anterior, pero aún no lo ha ratificado.

Rebecca Hubbard, directora de la High Seas Alliance —coalición de organizaciones ambientalistas—, subrayó que, aunque bastaban 60 ratificaciones para que el tratado comenzara a operar, su efectividad depende de una adhesión lo más amplia posible, por lo que el objetivo es que lo ratifiquen todos los Estados miembros de la ONU.

Entre sus disposiciones, el acuerdo exige evaluaciones ambientales para actividades que afecten la ecología marina. También establece mecanismos para compartir beneficios de la llamada “economía azul”, incluida la utilización de recursos genéticos marinos en sectores como la biotecnología.

Organizaciones ambientales han estimado que para cumplir el objetivo “30 para 30” sería necesario establecer más de 190 mil áreas protegidas. Actualmente, alrededor de 8% del océano —unos 29 millones de kilómetros cuadrados— cuenta con algún tipo de protección formal.

El tratado, sin embargo, no aborda lo que algunos especialistas consideran una de las mayores amenazas para el medio marino: el impulso por extraer minerales del lecho oceánico. McCarthy apuntó que, aunque el BBNJ es ambicioso, tiene límites definidos y que la minería en el sustrato o fondo marino corresponde a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), sin un papel directo para el nuevo marco.