Funcionarios de la administración del presidente Donald Trump sostuvieron conversaciones con el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, durante meses previos al operativo estadounidense del 3 de enero que derivó en la captura del entonces presidente Nicolás Maduro, y mantuvieron comunicación con él después de ese hecho, de acuerdo con varias personas familiarizadas con el asunto.
Según cuatro fuentes, representantes de Washington advirtieron a Cabello, de 62 años, que no utilizara los servicios de seguridad ni a simpatizantes oficialistas armados bajo su influencia para actuar contra la oposición. Ese aparato —que incluye inteligencia, policía y fuerzas armadas— se mantiene en gran medida operativo tras la incursión de enero, indicaron.
Cabello figura en la misma acusación por narcotráfico en Estados Unidos que fue utilizada como parte de la justificación para detener a Maduro, aunque no fue capturado durante la operación. Las comunicaciones también habrían incluido temas relacionados con las sanciones que Estados Unidos le ha impuesto y el proceso judicial que enfrenta, según dos personas al tanto de las conversaciones. De acuerdo con los testimonios, los contactos comenzaron desde los primeros meses del actual gobierno estadounidense, continuaron en las semanas previas a la salida de Maduro y se han mantenido desde entonces.
Personas con conocimiento de las preocupaciones de Washington señalan que estas conversaciones forman parte de los esfuerzos de Estados Unidos para contener la situación interna en Venezuela. En esa lectura, si Cabello decidiera movilizar fuerzas bajo su control, podría detonar escenarios de inestabilidad que Estados Unidos busca evitar y poner en riesgo el control del poder de la presidenta interina, Delcy Rodríguez. No se precisó si las conversaciones incluyeron definiciones sobre el modelo de gobierno a futuro ni si Cabello atendió las advertencias. En público, el ministro ha expresado apoyo a Rodríguez, a quien Trump ha elogiado hasta ahora, según el reporte.
También se indicó que Cabello ha tenido contacto con la administración estadounidense de manera directa y mediante intermediarios. Las personas consultadas hablaron bajo condición de anonimato por tratarse de comunicaciones sensibles. Ni la Casa Blanca ni el gobierno venezolano respondieron de inmediato a solicitudes de comentario.
Cabello ha sido descrito durante años como la segunda figura con mayor poder dentro del chavismo. Cercano al expresidente Hugo Chávez, posteriormente se consolidó como un aliado clave de Maduro y un personaje temido por su papel como operador de la represión, de acuerdo con el recuento. Aunque Rodríguez y Cabello han ocupado posiciones centrales en gobierno, legislativo y partido oficialista, no han sido considerados aliados cercanos entre sí.
Exmilitar, Cabello ha mantenido influencia sobre estructuras militares y de contrainteligencia civil, señaladas por realizar vigilancia interna, y ha sido vinculado con milicias progubernamentales, incluidos los llamados “colectivos”, grupos armados que se movilizan en motocicleta y que han sido usados para atacar protestas. En este contexto, una fuente señaló que en Washington existe preocupación de que, por su historial y por una supuesta rivalidad con Rodríguez, pueda actuar como factor de bloqueo.
El reporte añade que Rodríguez busca consolidar su control mediante el nombramiento de perfiles afines en puestos clave, con el objetivo de protegerse frente a amenazas internas, mientras atiende demandas de Estados Unidos relacionadas con el aumento de la producción petrolera.
Elliott Abrams, quien fue enviado especial de Trump para Venezuela durante el primer mandato, dijo que muchos venezolanos esperarían que Cabello sea removido en algún momento si avanza una transición democrática. En su opinión, cuando eso ocurra, se interpretará como una señal de que el régimen realmente empezó a cambiar.
En cuanto al frente judicial, Cabello enfrenta sanciones de Estados Unidos desde hace años por presuntos vínculos con el narcotráfico. En 2020, Washington ofreció una recompensa de 10 millones de dólares y lo acusó como figura clave del llamado “Cartel de los Soles”, una red que Estados Unidos identifica como vinculada a integrantes del gobierno venezolano. Posteriormente, la recompensa habría aumentado a 25 millones de dólares. Cabello ha rechazado públicamente cualquier nexo con actividades de tráfico de drogas.
Tras la salida de Maduro, algunos analistas y legisladores en Washington cuestionaron por qué Cabello no fue detenido. En días posteriores, el ministro condenó la intervención estadounidense y afirmó que Venezuela “no se rendirá”. No obstante, también se reportó que han disminuido versiones sobre revisiones en retenes y búsquedas a residentes, realizadas tanto por uniformados como por personas de civil.
Finalmente, tanto el gobierno estadounidense como el venezolano han señalado que se liberará a detenidos considerados por la oposición y organizaciones de derechos humanos como presos políticos. El gobierno venezolano indicó que Cabello, en su papel como ministro del Interior, supervisa ese proceso. Grupos de derechos humanos, sin embargo, sostienen que las liberaciones avanzan con lentitud y que cientos continúan detenidos de forma injustificada.