En un periodo extraordinario, el Congreso del Estado de México aprobó un paquete de cinco iniciativas enfocadas en seguridad pública, combate a la extorsión y atención a la problemática de personas desaparecidas. Con esta votación, se concretó una de las principales apuestas legislativas de la administración estatal para enfrentar la inseguridad en la entidad.
Las reformas, promovidas en su mayoría por la gobernadora Delfina Gómez, plantean cambios en el esquema de coordinación institucional, amplían herramientas de investigación e inteligencia y buscan fortalecer la capacidad de respuesta ante delitos de alto impacto que afectan a la población mexiquense.
Uno de los componentes centrales es la modificación al marco de seguridad pública, que establece como obligatoria la operación de las Mesas de Paz en el ámbito estatal y municipal. Estas instancias se plantean como mecanismos permanentes de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, con capacidad de toma de decisiones y seguimiento a fenómenos delictivos, además de acciones orientadas a atender causas asociadas a la violencia en las comunidades.
De manera paralela, el Congreso avaló la ampliación de facultades de inteligencia e investigación para la Secretaría de Seguridad y para corporaciones policiales estatales y municipales, con el propósito de que, dentro de sus atribuciones, puedan actuar como auxiliares del Ministerio Público. En este punto, las reformas contemplan el uso de información para prevención, identificación de amenazas y fortalecimiento de la integración de indicios y medios de prueba, bajo el principio de respeto a los derechos humanos.
Otro eje incluido en el paquete se enfoca en condiciones laborales y seguridad social del personal policial. El dictamen incorpora prestaciones como acceso a guarderías y estancias infantiles, becas, apoyos compensatorios, descuentos para familiares directos, servicios médicos auxiliares y actividades recreativas, con el objetivo de fortalecer la profesionalización y dignificar la labor. Además, se redefine el papel de la Universidad Mexiquense de Seguridad como coordinadora de academias municipales, con la finalidad de homologar perfiles, funciones y requisitos de ingreso y permanencia.
En materia de desaparición de personas, el Pleno aprobó una reforma integral para robustecer la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas o no localizadas. La propuesta contempla la activación inmediata de la Alerta Nacional de Búsqueda, así como el acceso a datos biométricos, registros administrativos y forenses, imágenes satelitales y tecnologías especializadas, exclusivamente con fines de localización.
Asimismo, se establece la obligación para diversas instituciones públicas y privadas de mantener registros biométricos actualizados y permitir su consulta por autoridades competentes. El dictamen también plantea reforzar los servicios periciales y forenses y garantizar recursos suficientes para la Fiscalía Especializada, incorporando una perspectiva de género en su actuación.
El quinto eje corresponde a la Ley para Prevenir, Atender y Combatir los Delitos en Materia de Extorsión y Delitos Vinculados. La reforma reconoce a la extorsión y al cobro de piso como problemas estructurales y determina que estos delitos se perseguirán de oficio, con el fin de eliminar la carga de la denuncia para las víctimas. Además, prevé la creación de un Consejo Estatal especializado, consolida una Fiscalía especializada y armoniza la normativa local con el marco federal, derogando tipos penales estatales para evitar duplicidades.
Con la aprobación del paquete, el Congreso mexiquense busca dotar al Estado de México de herramientas legales e institucionales para atender de manera integral la inseguridad, reforzar la coordinación entre autoridades y responder a una de las principales demandas sociales en la entidad.